La sala de decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió no tramitar la demanda que EPM había interpuesto contra el Consorcio CCC Ituango por la emergencia de 2018. ¿La razón? Carece de competencia porque las controversias ya quedaron zanjadas por un laudo arbitral definitivo. Con esta decisión, cae otro de los relatos que Daniel Quintero convirtió en bandera política: que los contratistas “tenían que pagar” y que su administración lograría esa victoria en los estrados.
Primero, los hechos. El proceso que EPM promovió en 2021 pretendía una indemnización cercana a $9,9 billones. Sin embargo, el Auto 225 de 2025 del Tribunal concluyó que no puede seguir porque existe cosa juzgada: el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín ya había resuelto el fondo en diciembre de 2024, y allí se determinó que CCC Ituango no fue responsable del colapso de la GAD de abril de 2018. Todo esto consta en el reporte de Semana y en comunicaciones de las empresas involucradas.
Segundo, lo que significa. No es un “favor” a los contratistas ni una evasión formalista. Es la aplicación de un principio básico del Estado de Derecho: no se litiga dos veces lo mismo ante jueces distintos. Si un tribunal arbitral —válido, escogido por las partes y con poder de decidir— ya profirió un laudo definitivo, la jurisdicción contenciosa no puede reabrir el pleito. Pretender lo contrario sería invitar al “shopping” judicial y a la inseguridad jurídica, justo lo que espanta inversión y encarece las obras públicas.
Tercero, la política. Durante años, la narrativa oficialista en Medellín usó Hidroituango como arma de polarización: promesas de resarcimientos gigantes, señalamientos morales y juicios por micrófono. Esa estrategia rindió réditos en redes, pero hoy vuelve a chocar con la realidad procesal. El Tribunal no “absuelve” a nadie; simplemente reconoce que ya hubo juez natural que decidió. Convertir un expediente técnico en ariete electoral fue, de entrada, una mala idea, además de un fracaso que se suma a lo que parece una lista interminable de derrotas para Daniel Quintero.
Cuarto, la lección. La gestión pública responsable no se mide por eslóganes sino por soluciones: poner a operar la central, blindar la contratación futura, mejorar la interventoría y aprender de los errores de ingeniería y de gobernanza. Todo eso exige instituciones que hablen menos y documenten más. La cosa juzgada no es un obstáculo: es la señal de que el ciclo litigioso terminó y que corresponde enfocarse en seguridad energética, eficiencia y transparencia.
Al final, Hidroituango seguirá siendo un proyecto estratégico para el país; lo que no puede seguir es el uso populista de su tragedia para construir identidades políticas. El mito de que bastaba “voluntad” para hacer pagar a los contratistas se desvanece ante la firmeza jurídica de una decisión que, más allá de simpatías, era la única compatible con el ordenamiento. Y eso —aunque no dé likes— es una buena noticia y mejor aún si esa noticia corresponde con el cierre del capítulo Quintero en la política colombiana. GAME OVER.
