Medellín, el costo de la inercia: ¿Cuánto rinde la plata cuando no se la roban?

A Medellín le cambiaron el gesto. En menos de un año, el Distrito pasó de la parálisis a un torbellino de anuncios y frentes de obra: inversiones que suman billones, cronogramas visibles y un mensaje simple pero potente: sin corrupción y cuidando lo público, la plata sí alcanza y se nota en el territorio. La discusión, más allá del marketing, importa por una razón crucial: estos hitos permiten, por contraste, medir cuánto se perdió —o dejó de hacerse— en la administración anterior.

Empecemos por los montos. La actual Alcaldía anunció un paquete de obras y proyectos por $6,3 billones, con 1.800 iniciativas y una promesa de 180.000 empleos. El énfasis está en infraestructura educativa, cultural, deportiva, urbana y social; y el alcalde fue explícito en el mantra de “transparencia absoluta”.

El giro se entiende mejor si se baja de la macro a obras concretas. Parques del Río Norte arrancó con $216.000 millones y la meta de 70.000 m² de nuevo espacio público en el nororiente y noroccidente. El proyecto, largamente aplazado, ya pasó de promesa a obra y tiene ficha pública con alcance, objetivos y encuadre ambiental. Más allá de su valor simbólico, condensa lo que Medellín debería exigir siempre: cronogramas, costos y contratistas a la vista, para que cada metro cuadrado tenga apellido presupuestal. 

El énfasis también cambió en educación y deporte. La administración fijó prioridad en 10 megacolegios y en la recuperación de más de 700 escenarios deportivos que estaban en pésimas condiciones. Con corte a octubre de 2025, la prensa nacional reseñó avances: sedes educativas intervenidas, megacolegios radicados en Curaduría y una ejecución que, además, incluye nuevas tipologías de infraestructura deportiva (“ReCreos” verticales) con licitaciones en curso. Incluso se informó que entre 2024 y 2025 se han invertido más de $1,4 billones en diferentes obras distritales, con metas y avances trazados en el plan indicativo. Esto es clave porque instala un estándar de seguimiento público a metas físicas (obras terminadas) y financieras (recursos comprometidos y pagados). 

La ciudad, además, se movió del slogan a la activación masiva de frentes. 1.500 frentes de trabajo para 2025 y un enfoque en “detonar” el cuatrienio: traducción, la ejecución dejó de ser una promesa aplazada. Para el ciudadano esto se traduce en cuadrillas, cierres temporales, polvo… y obras que efectivamente cierran. Sin romanticismos: la incomodidad en la vía vale si al final aparece el puente, el parque o la cancha reparada. 

Hay otros rubros menos vistosos pero estratégicos. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación programó $125.509 millones en 2025 para 19 proyectos en movilidad, turismo, educación, habilidades digitales, ruido y seguridad. La clave: diversificar inversión hacia capacidades productivas y de gestión, no solo cemento. Invertir en CTI es sembrar productividad futura y, además, deja trazabilidad técnica y contractual que dificulta el desvío de recursos. 

El marco no es caprichoso: el Plan de Desarrollo 2024–2027 (“Medellín te quiere”) fue aprobado con una bolsa de más de $34,3 billones para todo el cuatrienio. Ese número no es un deseo; es el límite contable y político de lo que la ciudad puede —y debe— ejecutar con responsabilidad. Tenerlo claro importa para evitar triunfalismos, pero también para exigir consistencia entre lo anunciado, lo contratado y lo ejecutado. 

¿Cómo estas obras ayudan a medir lo que se evaporó?

La mejor auditoría de una administración es la siguiente. Cuando un gobierno publica costos unitarios, cronogramas y metas físicas verificables, se vuelve posible construir líneas base comparables. Ahí comienza la contabilidad crítica de la “evaporación”:

1. Costo por metro cuadrado y por beneficiario. Si Parques del Río Norte publica inversión, área y entregables, podemos estimar el costo/m² del espacio público de calidad. Lo mismo para megacolegios (costo por cupo escolar) y escenarios deportivos (costo por metro cuadrado intervenido). Con esas métricas se compara la ejecución de hoy con contratos equivalentes de ayer. Diferencias sistemáticas sin justificación técnica son banderas rojas de sobrecostos o ineficiencia.
   
2. Ritmo de obra y % de avance físico vs. financiero. No basta con girar; hay que avanzar. Si hoy vemos contratos que reportan un % físico acompasado con el % pagado, y en la administración anterior ese maridaje se rompía, la brecha es una medida de evaporación: dinero que salió sin obra equivalente.
   
3. Indicadores de cobertura y calidad. Si en 2025 se intervienen centenares de sedes educativas y decenas de escenarios con cierres de obra verificables y estándares de calidad, ese salto sirve para estimar cuántos años se perdieron por subejecución previa. Cuando una ciudad encuentra 700 escenarios “en pésimas condiciones” y logra ponerlos en ruta de recuperación, la magnitud de la deuda heredada queda cuantificada.
   
4. Transparencia contractual y ferias de control ciudadano. El Distrito montó una Feria de la Transparencia para socializar procesos por $6,3 billones. Si cada proceso deja huella digital —estudios previos, pliegos, actas, interventorías— el contraste con opacidad pasada se mide en datos abiertos: qué no estaba, qué se ocultó, qué se fragmentó. La transparencia no es un eslogan; es una condición de posibilidad para calcular pérdidas.
   
5. Multiplicadores territoriales. Espacio público nuevo, tiempos de viaje, seguridad vial, asistencia escolar y uso de escenarios deportivos son impactos medibles. Cuando la inversión actual deje mejoras objetivas y seriadas, el vacío anterior se vuelve un número: años sin mantenimiento, niños sin cupo digno, barrios sin parque. El costo de oportunidad es la forma más justa de valorar lo que la corrupción y la mala gestión se llevaron.
   

Medellín no “descubrió” la ejecución: redescubrió la cultura de lo público. Y esa cultura tiene reglas simples: planeación creíble, contratación abierta, interventorías que intervengan, ciudadanía vigilante y rendición de cuentas con cifras y obra detrás. Con esa liturgia mínima, la ciudad no solo pavimenta calles o levanta colegios; restaura la confianza. Y cuando la confianza se restablece, el dinero rinde más porque se deja de pagar la tarifa oculta de la corrupción: sobrecostos, litigios eternos, diseños mal hechos, adiciones caprichosas y contratos sin dientes técnicos.

Por eso estos meses importan tanto. No porque cada anuncio sea perfecto (no lo es) ni porque la ciudad no deba debatir prioridades (debe hacerlo). Importan porque Medellín está volviendo a tener tablero, números y obra. Y con eso, por primera vez en años, podremos responder sin eufemismos a la pregunta incómoda: ¿cuánto se evaporó? La respuesta no saldrá de adjetivos, sino de series de datos comparables: pesos por metro cuadrado, por cupo, por cancha; cronogramas cumplidos o incumplidos; contratos con entregables claros o con silencios sospechosos.

Si el Distrito mantiene el rumbo —1.500 frentes activos, proyectos estratégicos como Parques del Río Norte, megacolegios y recuperación masiva de escenarios deportivos, más inversión en CTI— habrá al menos dos victorias: una ciudad que vuelve a moverse y una contabilidad moral y técnica de los años perdidos. Solo así Medellín podrá decir, con rigor, que cuando se destierra la corrupción y se cuida lo público, los recursos no solo alcanzan: se convierten en desarrollo que se toca.