En Medellín el control ciudadano y el control político sí funcionan. No es una consigna: a la fecha hay investigación penal por presuntas irregularidades en Buen Comienzo que se activó gracias a la veeduría y a los debates de control. Sin esa presión cívica e institucional, el daño pudo ser peor. Ese es el punto de partida que no puede perderse de vista.
Sin embargo, circula una “investigación” que intenta reescribir los hechos bajo una tesis gaseosa: la existencia de un supuesto “control socioeconómico abierto elitista” mediante el cual empresas del GEA, algunos concejales y veedurías orquestarían una ofensiva política contra la Alcaldía 2020–2023. El problema no es solo la etiqueta rimbombante; es la falta de prueba. El propio documento admite que no demuestra relaciones causales y se limita a señalar “asociaciones” e “intereses en común” (lo que en buen castellano son correlaciones), algo insuficiente para descalificar el rol de los veedores y del Concejo.
Peor: la autora declara su posición como Gestora Social de Medellín y enmarca el trabajo desde una percepción de “excesiva injerencia de privados”. Con esa lente, no sorprende que el relato busque confirmar lo que presupone: que el aumento de controles desde 2020 sería sospechoso por sí mismo. Ese encuadre —y el vacío de información homogénea antes de 2020 que el propio texto reconoce— compromete la neutralidad del análisis.
La tesis que aparentemente se había solicitado no permitir acceso a consultas por motivos políticos, terminó siendo pública, y se encuentra disponible solo ingresando con un simple enlace, sin la más mínima restricción y al alcance de todos, dejando entrever acusaciones de nexos y supuestos intereses sin prueba alguna que los sustente.
Lo particular del tema es que la investigación es la Tesis de Maestría de la exgestora social Diana Osorio, compañera permanente de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín durante el período en que el programa buen comienzo fue presuntamente saqueado en beneficio de particulares.
El resultado es una acusación por insinuaciones. Se listan financiadores, se dibujan redes y se sugieren “puertas giratorias”, pero no se prueba que la veeduría oriente su agenda por órdenes de donantes ni que el Concejo actúe como brazo de grupos económicos. De hecho, aun cuando el documento recurre a ese entramado, se ve obligado a admitir la ausencia de causalidad.
Gráficas de elaboración peppa de Diana Osorio
Y aquí está el corazón del asunto: desviar el debate. En lugar de concentrarse en el eje central —si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del programa—, la “investigación” desplaza el foco para instalar una duda sistémica sobre los veedores. Es una falacia de distracción: si logramos que el público sospeche de quien denuncia, la denuncia pierde fuerza. Ese giro erosiona la confianza en el control social, una herramienta sin la cual la Fiscalía, las contralorías y la propia ciudadanía llegan tarde.
Control no es sinónimo de linchamiento, como tampoco lo es de conspiración. El control sirve cuando ilumina zonas opacas, cuando documenta hallazgos y cuando activa a las autoridades con evidencias verificables. Eso ocurrió aquí: hubo alertas, hubo insumos y hoy hay averiguación penal. Pretender deslegitimar ese camino con teorías ad hoc —porque el caso “no encaja” en marcos existentes, el propio texto acuña su concepto— no fortalece la democracia; la debilita.
Por supuesto, transparencia total también para veedurías y concejales: fuentes de financiación abiertas, reportes auditables y métricas de impacto que vayan más allá del “número de denuncias”. Pero de ahí a insinuar motivaciones espurias nunca demostradas para desacreditar a quienes activaron las alarmas hay un salto que ningún análisis serio debería dar.
Medellín no puede darse el lujo de criminalizar el control. Si algo enseñó Buen Comienzo es que la vigilancia ciudadana y el escrutinio político no solo son legítimos, sino indispensables. Cuando funcionan, evitan pérdidas, corrigen rumbos y ponen a andar a la justicia. El resto —las redes de sospecha sin evidencia y los conceptos moldeados para encajar en un prejuicio— son ruido que distrae del fondo.
