Cada temporada de lluvias pone a prueba la capacidad de gestión del Estado. Carreteras colapsadas, municipios aislados, viviendas destruidas y miles de familias damnificadas conforman un paisaje tristemente recurrente en Colombia. Sin embargo, en medio de la actual emergencia invernal, surge una inquietud que trasciende lo climático: ¿está el Gobierno Nacional reaccionando con la diligencia que exige la crisis o estamos ante una inacción calculada con efectos políticos y jurídicos más profundos?
La pregunta no es menor. Hace pocas semanas, la Corte suspendió provisionalmente un decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo, al considerar que debía estudiarse con mayor rigor su constitucionalidad. Desde entonces, el Gobierno ha insistido en la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para enfrentar la coyuntura fiscal y social del país. En ese contexto, la intensificación de la emergencia invernal aparece como un escenario propicio para justificar nuevamente medidas excepcionales.
Una respuesta que no llega
En distintas regiones afectadas, mandatarios locales han advertido demoras en la asignación de recursos, lentitud en la ejecución de obras de mitigación y falta de articulación interinstitucional. Aunque el Ejecutivo ha anunciado ayudas y despliegues técnicos, en terreno la percepción ciudadana es otra: las soluciones estructurales no avanzan con la urgencia requerida.
No se trata solo de ayudas humanitarias. La gestión del riesgo implica prevención, mantenimiento de infraestructura, dragado de ríos, reforzamiento de jarillones y planificación territorial. Muchas de estas acciones son previsibles y presupuestables. Cuando no se ejecutan oportunamente, el desastre deja de ser exclusivamente natural y empieza a tener un componente institucional.
Aquí surge el punto crítico: si el deterioro de la situación se agrava por ausencia o insuficiencia de intervención estatal, el escenario resultante podría encuadrarse como una “grave perturbación” económica y social. Y esa figura es precisamente la que habilita la declaratoria de un nuevo estado de emergencia económica.
¿Crisis real o narrativa funcional?
Es innegable que la temporada invernal genera impactos severos. Pero también es cierto que el uso reiterado de estados de excepción erosiona el equilibrio institucional. La Constitución establece estas herramientas como mecanismos extraordinarios y temporales, no como atajos para superar obstáculos políticos o decisiones judiciales adversas.
La coincidencia temporal entre la suspensión del decreto anterior y la escalada del discurso gubernamental sobre la necesidad de medidas excepcionales merece análisis. Más aún cuando algunos sectores advierten que el Gobierno ha insistido en que sin poderes extraordinarios no puede atender adecuadamente la crisis.
La pregunta de fondo es inquietante: ¿se está dejando escalar la emergencia para que el contexto fáctico respalde jurídicamente lo que antes fue objetado por la Corte? Aunque no existen pruebas concluyentes de una estrategia deliberada, la percepción de inacción fortalece esa sospecha y alimenta la desconfianza institucional.
El riesgo institucional
Si el Ejecutivo opta por una nueva declaratoria de emergencia económica sustentada en la crisis invernal, la Corte tendrá nuevamente la última palabra. Pero más allá del control jurídico, está en juego la credibilidad del Estado.
Las emergencias no pueden convertirse en instrumentos recurrentes de gobernabilidad. Cuando lo excepcional se vuelve regla, el sistema de frenos y contrapesos se debilita. Y cuando la ciudadanía percibe que el sufrimiento colectivo puede ser funcional a una agenda política, el daño es aún mayor.
El Gobierno tiene la obligación constitucional de prevenir, mitigar y atender desastres naturales con eficacia, sin condicionamientos estratégicos. La prioridad debe ser proteger vidas y patrimonio, no fortalecer argumentos para decretos extraordinarios.
Una prueba de responsabilidad
Hoy el país enfrenta lluvias, deslizamientos e inundaciones. Pero también enfrenta una prueba institucional. Si el Ejecutivo actúa con contundencia y transparencia, disipará dudas y demostrará que la gestión de la emergencia responde exclusivamente al interés general.
Si, por el contrario, la respuesta sigue siendo lenta y la crisis escala hasta justificar un nuevo estado de excepción, el debate político y jurídico será inevitable.
En tiempos de crisis, la diferencia entre liderazgo y cálculo político se mide en hechos. Y en esta emergencia invernal, esos hechos aún están por consolidarse.
