Una lectura del Quinterismo a la luz del concepto de Grupo Delictivo Organizado (GDO)
Por años, la corrupción en Colombia ha sido narrada como una sucesión de hechos aislados: contratos irregulares, decisiones administrativas cuestionables, funcionarios desleales. Sin embargo, la experiencia comparada —y el derecho penal internacional— han demostrado que los mayores daños al erario no provienen de actos individuales, sino de estructuras organizadas que operan desde el poder. Bajo esta óptica, resulta legítimo —y necesario— preguntarse si los múltiples escándalos de presunta corrupción asociados a la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pueden analizarse, al menos en el plano conceptual, como algo más que simples errores de gobierno.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) define un Grupo Delictivo Organizado (GDO) como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (…) con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Esta definición —incorporada de manera funcional en el derecho penal colombiano— no exige necesariamente criminalidad transnacional ni la existencia de una organización armada: basta con estructura, permanencia, coordinación y finalidad ilícita.
Cuando se observan de forma conjunta los casos documentados por la prensa y los entes de control durante el periodo 2020–2023, surge una pregunta incómoda: ¿encajan estos elementos en lo ocurrido en Medellín y su área metropolitana?
Basta con evidenciar el cronograma de audiencias de los próximos días para entender que esto va más allá de hechos aislados.
Estructura, capas y líneas de mando
Uno de los rasgos centrales de un GDO es su organización interna. No se trata de una asociación espontánea, sino de una red con roles diferenciados, niveles de decisión y operadores ejecutivos. En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, diversos informes periodísticos han descrito la existencia de una estructura administrativa paralela, con influencia directa en decisiones estratégicas, contratación y nombramientos.
De manera reiterada, la prensa ha señalado que Miguel Quintero Calle, hermano del entonces alcalde, habría actuado —presuntamente— como articulador político y operador clave dentro de esa estructura, particularmente en entidades metropolitanas. Sin afirmar responsabilidad penal alguna, resulta llamativo que en varios de los episodios investigados aparezca un mismo patrón: personas cercanas al núcleo familiar y político del alcalde ocupando posiciones decisivas, desde donde se direccionaban procesos administrativos de alto impacto económico.
Este elemento —la existencia de una cabeza visible o coordinadora— es característico de los GDO, incluso cuando no todos sus integrantes conocen la totalidad del esquema.
Permanencia y actuación concertada
Otro criterio fundamental es la continuidad en el tiempo. Los presuntos hechos no se concentran en un solo contrato o entidad, sino que se extienden a lo largo de varios años y abarcan múltiples frentes: contratación interadministrativa, empresas industriales y comerciales del Estado, presupuesto participativo, entes descentralizados y convenios metropolitanos.
La repetición de mecanismos similares —contratos a dedo, operadores recurrentes, modificaciones presupuestales estratégicas, resistencia sistemática a los controles— sugiere, al menos desde un análisis externo, una actuación concertada, más cercana a un modelo organizacional que a una suma de decisiones aisladas.
En términos de la Convención de Palermo, no se requiere probar que todos los actos sean delictivos per se, sino que la finalidad común sea obtener beneficios indebidos, económicos o políticos, mediante la instrumentalización del aparato estatal.
Beneficio material y captura institucional
Un aspecto clave del concepto de GDO es el beneficio. En los casos analizados por la opinión pública, el beneficio no siempre parece limitarse al lucro directo. También se evidencian posibles beneficios políticos, electorales y de control territorial, especialmente a través del manejo de recursos públicos con alta capacidad de movilización social.
La eventual captura institucional —cuando entidades públicas operan más en función de un proyecto político-familiar que del interés general— es uno de los efectos más graves de las estructuras organizadas de corrupción. No es casual que varios de los procesos hoy bajo escrutinio involucren resistencia a la transparencia, ataques a órganos de control y narrativas de victimización frente a la justicia.
Una discusión incómoda, pero necesaria
Este análisis no pretende reemplazar a los jueces ni anticipar condenas. La presunción de inocencia es y debe ser incuestionable. Sin embargo, la opinión pública sí puede —y debe— analizar patrones, comparar marcos conceptuales y exigir que las investigaciones avancen con la profundidad que ameritan los hechos.
Negarse siquiera a considerar que ciertas formas de corrupción operan como grupos delictivos organizados es funcional a su reproducción. La experiencia internacional demuestra que cuando estas estructuras se normalizan como “mal gobierno” o “errores administrativos”, terminan reciclándose en nuevos liderazgos y nuevos cargos.
La pregunta, entonces, no es si ya existe una condena judicial que califique estos hechos como un GDO. La pregunta es más profunda y más urgente: ¿estamos dispuestos a seguir tratando la corrupción estructural como una suma de anécdotas, o vamos a enfrentarla como lo que realmente es: una forma organizada de poder?
