La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que podría destapar un grave caso de corrupción en Afinia, la filial de EPM que presta el servicio de energía en la Costa Caribe, y que salpica directamente al exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle. Las pesquisas buscan esclarecer si Quintero incurrió en tráfico de influencias al presionar el nombramiento de Javier Lastra como gerente general de Afinia durante su administración (2020-2023). De confirmarse, el escándalo revelaría la presunta “venta ilegal” de ese cargo por US$8 millones y pondría en entredicho la confianza en el manejo público de EPM. A continuación, presentamos una línea de tiempo de los hechos.
La verdadera línea de tiempo de los hechos
- 29 de marzo de 2021: Daniel Quintero, siendo alcalde de Medellín, instruye a Mónica Ruiz Arbeláez –vicepresidenta de Estrategia y Planeación de EPM y gerente (e) de EPM en ese momento– que designe a Javier Lastra como nuevo gerente de Afinia. Pese a que Ruiz le advirtió que el nombramiento debía decidirlo la junta directiva de la filial y que debía seguirse un proceso de selección con la gerente en funciones (Blanca Liliana Ruiz), Quintero fue categórico en que Lastra “debía quedar sí o sí” y respaldó la orden enviando personalmente vía WhatsApp la hoja de vida de Lastra.
- Junio de 2021: Según un testigo clave, se realizó una reunión secreta en el restaurante San Carbón de Medellín (sector Las Palmas) en la cual participaron funcionarios de confianza de Quintero –incluido su secretario de Gobierno, Esteban Restrepo– junto a controvertidos empresarios. En ese encuentro se habría pactado “la venta” de la gerencia de Afinia por US$8 millones, discutiendo mecanismos para direccionar contratos y el cobro de coimas (sobornos) a cambio de dicha suma. Restrepo habría informado allí sobre cómo se repartirían los porcentajes del negocio ilícito entre los involucrados.
- 10 de agosto de 2021: Javier Lastra es nombrado oficialmente gerente general de Afinia por la junta directiva de la filial. Este nombramiento se produce tras un proceso de selección aparentemente avalado por una firma cazatalentos, pero cuestionado por posibles irregularidades internas. De hecho, se conoció posteriormente que la junta directiva original de Afinia había solicitado analizar los riesgos del relevo gerencial, pero algunos directivos fueron removidos o degradados a suplentes; los nuevos miembros de junta (nombrados por el entonces gerente general de EPM, Jorge Carrillo, hombre de confianza de Quintero) terminaron eligiendo a Lastra el 11 de agosto de 2021. Con esta movida, Lastra reemplazó a Blanca Liliana Ruiz (una ingeniera de trayectoria que venía mejorando indicadores de servicio) en la gerencia de la distribuidora de energía.
- 21 de agosto de 2021: Un testigo narró que, días después del nombramiento, hubo una reunión en un club social de Medellín con el excongresista William Ortega. En ese encuentro, Ortega habría recibido información detallada sobre la operación ilegal que se acababa de concretar. La cita habría servido para confirmar el éxito del “negocio”: según el chat revelado posteriormente, el contratista Emilio Tapia celebró con el testigo que “ya quedó notificado tu pupilo. Nombrado”, refiriéndose a que Lastra ya estaba posicionado en el cargo.
- Junio de 2022: Veedores ciudadanos de la Costa Caribe elevaron denuncias sobre presuntas anomalías en Afinia. Aseguraron que se había configurado una “mafia” para direccionar la contratación de la filial, concentrando los contratos en 5 o 6 empresas de papel creadas para ese fin. En esos testimonios iniciales ya se mencionaba la posible presencia de un “importante excongresista antioqueño” detrás del entramado, cuya familia tendría negocios entre Caucasia y Planeta Rica y que habría aportado fondos ocultos a la campaña de Quintero en 2019. Más adelante se sabría que dichas descripciones apuntaban a William Ortega, entonces no identificado públicamente.
- 16 de enero de 2024: Javier Lastra renuncia a la gerencia de Afinia, coincidiendo con el cambio de administración en Medellín (tras la elección de un nuevo alcalde). Alega que su renuncia obedece a “código de conducta” al llegar nuevos gobiernos, y destaca en declaraciones que “fueron dos años y medio de avances” durante su gestión, mencionando inversiones ejecutadas para modernizar la infraestructura eléctrica en la región. Deja el cargo mientras se nombra un gerente encargado, pero para entonces ya pesaban sobre Afinia múltiples críticas por su desempeño financiero y operativo.
- 6 de mayo de 2024: El recién posesionado alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, hace pública una denuncia penal ante la Fiscalía revelando el presunto entramado de corrupción en Afinia. Gutiérrez –acompañado por el gerente general de EPM, John Maya– informa que un testigo bajo protección le entregó un testimonio detallado sobre cómo Quintero “vendió” la gerencia de Afinia y otros negocios de la filial al excongresista William Ortega por US$8 millones. Este “testigo estrella”, cuya identidad se reserva por seguridad, afirma haber presenciado la venta ilegal del cargo en 2021 por esa suma escandalosa, pactada entre emisarios del gobierno de Quintero y Ortega.
- Mayo de 2024: Gutiérrez entrega a la Fiscalía una carta y dossier de evidencias para respaldar la denuncia. En la carta –radicada oficialmente a comienzos de mayo– se consignan seis puntos con las declaraciones del testigo: (1) Que “la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero al señor William Ortega (excongresista) por valor de 8 millones de dólares”; (2) que “la venta tendría como condición que Ortega determinara quién sería el gerente, nombrando para este caso al señor Javier Lastra”; (3) que “en junio de 2021, en el restaurante San Carbón de Medellín, sostuvieron reuniones (inclusive con Esteban Restrepo) donde se habló del reparto de porcentajes en ese ilícito negocio”; (4) que “el 21 de agosto de 2021 hubo reunión con William Ortega en un club de Medellín para suministrar información sobre esta operación ilegal”; (5) que “en el entramado de corrupción por la venta de Afinia participó Emilio Tapia (implicado en el caso Centros Poblados)”; y (6) que “también participaron otras personas, entre estos un familiar de Ortega y unos ciudadanos venezolanos, Juan Andrés Biord y ‘Lalo’”. Gutiérrez solicita a la Fiscalía celeridad en la investigación y ofrece la colaboración suya y de EPM para aportar pruebas, advirtiendo que personal de EPM ya ha testificado sobre contratos direccionados durante la gestión de Lastra.
- 29 de diciembre de 2024: Se entrega el informe final de una auditoría forense independiente (Control Risks) contratada por EPM para auditar la administración de Lastra en Afinia. Este informe reservado revela graves hallazgos: “irregularidades en la gestión de procesos contractuales por $723.000 millones (COP), beneficios irregulares a terceros, omisión de conflictos de interés y deficiencias en la gestión financiera y de riesgo corporativo”. La auditoría –llevada a cabo en los últimos meses de 2024– concluye que estas irregularidades generaron graves afectaciones legales, operativas y financieras para EPM, todas derivadas de las decisiones tomadas durante la gerencia de Lastra. El alcalde Gutiérrez entrega este informe a la Fiscalía como evidencia adicional del posible desfalco y mala gestión en Afinia.
- Agosto de 2025: Fuentes judiciales confirman que la Fiscalía ha venido recabando pruebas suficientes sobre el caso. El diario El Tiempo revela apartes de un chat de WhatsApp que sería pieza clave: en él, Daniel Quintero envía la hoja de vida de Lastra a Mónica Ruiz y le indica verbalmente que debe ser escogido sí o sí como gerente de Afinia, lo cual constituiría un posible tráfico de influencias del entonces alcalde. Asimismo, se informa que Mónica Ruiz rindió al menos dos declaraciones juramentadas ante la Fiscalía ratificando esa versión: testificó que Quintero le ordenó nombrar a Lastra aun sabiendo que no era competencia directa del alcalde decidirlo. Estas revelaciones trascienden incluso en círculos políticos aliados de Quintero (el Pacto Histórico), generando preocupación en plena época preelectoral.
- Septiembre de 2025: A la fecha, el caso Afinia sigue en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía. El ente acusador evalúa si las pruebas recopiladas (chats, testimonios, auditorías) ameritan la apertura formal de un proceso penal contra Quintero por tráfico de influencias. La coyuntura es especialmente sensible, pues Quintero acaba de oficializar su precandidatura presidencial dentro de la consulta del Pacto Histórico –donde competirá con otros aspirantes de izquierda. Una eventual imputación o acusación formal en este caso podría tener profundas repercusiones en su campaña.
