La película tuvo siempre el mismo protagonista ―un lote de 147.000 m² entre El Poblado y la vía Las Palmas― y un mismo guion: decisiones administrativas que, según la Fiscalía, transformaron un terreno de cesión gratuita para el municipio en una operación que pudo costarle a Medellín más de $40.500 millones. Hoy, esa historia entra en su capítulo más serio: la Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y otras 12 personas por presuntas irregularidades en el proceso de restitución del predio “Aguas Vivas”. Los delitos señalados: peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Los demás exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín procesados son: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.
La trama: de cesión gratuita a negocio millonario
De acuerdo con el ente acusador, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 exfuncionarios de la Alcaldía intentaron favorecer a tres particulares cambiando la cesión gratuita del bien por una compraventa, para pagarles más de $40.500 millones con recursos públicos. Cuando esa vía fracasó, el exalcalde y su entonces secretario general habrían expedido actos administrativos para aumentar el avalúo, restituirles el terreno a los particulares y permitir desarrollos urbanísticos prohibidos por el POT.
El caso gira alrededor del predio Aguas Vivas, cuyo valor ―según reconstrucciones de prensa y documentos oficiales― habría pasado de $2.700 millones a avalúos superiores a $42.000–$48.000 millones tras decisiones de la administración. El terreno, clave por su ubicación estratégica, es el que hoy centra la acusación fiscal.
La movida normativa
El corazón jurídico del caso está en el intento de modificar el POT por decreto. En mayo de 2023, Quintero firmó el Decreto 412, reglamentario del programa Valle del Software, que amplió el aprovechamiento urbanístico sobre Aguas Vivas y predios vecinos en el ecoparque Las Palmas. La medida fue señalada como un cambio improcedente del POT que, por regla, requiere trámite ante el Concejo. La administración siguiente derogó ese marco en julio de 2024.
El rastro del dinero
La hipótesis de la Fiscalía es directa: con avalúos inflados y ajustes normativos, se habría preparado el terreno para pagar a particulares una suma que el Distrito no debía desembolsar, pues el predio ya era de propiedad pública por obligaciones urbanísticas entregadas a título gratuito.
Incluso, distintas crónicas periodísticas advierten que en momentos del proceso se barajaron cifras de hasta $48.000–$54.000 millones como referencia de pago o valorización, aunque esas transacciones no se concretaron.
Los nombres y las responsabilidades en la mira
Además de Quintero, la acusación cobija a nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares (Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez). El boletín de la Fiscalía enumera los cargos que se les atribuyen de acuerdo con su presunta participación.
Qué cambia con el escrito de acusación
Con la radicación del escrito de acusación este 16 de septiembre de 2025, la investigación pasa a una fase procesal superior. Queda claro, además, que el expediente ya no es un amago: es un caso con delitos concretos imputados y una teoría del caso que la Fiscalía llevará ante juez. Al mismo tiempo, por mandato constitucional, todos los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que exista fallo en firme.
Lo que este caso revela
Más allá de nombres propios, Aguas Vivas exhibe un patrón conocido en las capitales: el poder de una firma sobre el uso del suelo para transformar la contabilidad pública y privada. Cuando un decreto pretende hacer el trabajo de un POT sin control político, la línea entre política pública y captura regulatoria se difumina.
