Colombia acaba de entrar en uno de esos episodios donde lo jurídico se convierte en combustible político. La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo y otorgar apenas ocho días para expedir uno nuevo no es solo una controversia administrativa: es una oportunidad dorada para el populismo. Una tormenta perfecta para quienes necesitan incendiar el país con discursos emocionales, no con argumentos.
Porque en este país, cuando una institución toma una decisión legal —discutible o no—, inmediatamente aparecen los “defensores del pueblo” que no defienden a nadie más que su propia campaña.
Y el primer ejemplo llegó con rapidez quirúrgica: Daniel Quintero.
El exalcalde de Medellín, que enfrenta un proceso judicial serio, decidió que lo más urgente no era atender su propia audiencia de acusación, sino montar el espectáculo. Abandonó la diligencia para radicar una tutela contra la decisión del Consejo de Estado. Una tutela que perfectamente pudo interponer por correo electrónico, con un click, desde cualquier lugar. Pero eso no da likes. No produce titulares. No construye narrativa épica.
El populismo no actúa por eficiencia, actúa por show.
Y Quintero lo sabe bien. Necesitaba la foto, el gesto dramático, la pose del rebelde institucional. Como si estuviera librando una batalla histórica por los trabajadores, cuando en realidad está librando una batalla personal por mantenerse vigente en el escenario político.
La suspensión provisional del decreto es un acto jurídico que tiene cauces institucionales: se revisa, se corrige, se expide uno nuevo. Ocho días. Un trámite acelerado, sí, pero no un apocalipsis.
Sin embargo, para el gobierno nacional y su ecosistema de activistas electorales, esto será presentado como una agresión de “las élites judiciales” contra “el pueblo trabajador”. Una narrativa peligrosa, porque convierte la separación de poderes en un enemigo y el Estado de Derecho en una molestia.
Lo que viene es predecible: marchas, arengas, discursos incendiarios y llamados a la desobediencia disfrazados de justicia social. No para proteger el salario mínimo, sino para capitalizar políticamente una controversia legal.
La pregunta no es si habrá indignación. La pregunta es quién la administra y con qué intención.
Porque los verdaderos trabajadores no necesitan héroes improvisados, ni políticos en campaña usando su sueldo como pancarta. Necesitan estabilidad, seriedad institucional y políticas públicas sostenibles.
Pero en Colombia, cada decisión judicial es convertida en munición electoral. Cada providencia es reinterpretada como conspiración. Cada debate técnico es reducido a una guerra entre “buenos” y “malos”.
Y ahí es donde el país pierde.
El Consejo de Estado no “quitó” el salario mínimo. Suspendió provisionalmente un decreto para que se emita uno nuevo conforme a las reglas. Eso se llama institucionalidad.
Lo que algunos quieren es caos. Porque el caos da votos.
Y mientras el país necesita serenidad, lo que recibirá es espectáculo.
Ocho días no son solo un plazo jurídico. Son el inicio de una temporada de campaña anticipada, donde los populistas buscarán incendiar el debate público con la excusa perfecta: “defender al pueblo” mientras se defienden a sí mismos.
