Constituyente en tiempos de emergencia: el salto al vacío del gobierno Petro

El 26 de diciembre de 2025, mientras el país aún intenta procesar la declaratoria de emergencia económica del 22 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro dio un nuevo paso en su apuesta más ambiciosa: una Asamblea Nacional Constituyente. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lideró ante la Registraduría Nacional la inscripción del comité ciudadano encargado de promover la iniciativa y recolectar las firmas necesarias.

Según el propio ministro y los voceros del comité, el objetivo es conseguir más de tres millones de firmas —e incluso se habla de una meta política de 10 millones— pese a que el umbral legal para este tipo de iniciativas ciudadanas es del 5 % del censo electoral (hoy alrededor de 40–41 millones de votantes, es decir, unos dos millones de apoyos válidos).

La escena se produce con un gobierno de izquierda que acaba de recurrir a un estado de excepción para tapar un hueco fiscal de 16 billones de pesos mediante decretos con fuerza de ley, en medio de fuertes dudas sobre la constitucionalidad de la emergencia y críticas de gremios y analistas por el impacto en la confianza económica.

En ese contexto, la Constituyente deja de ser un simple mecanismo de participación y se convierte en una jugada de poder con riesgos profundos para la institucionalidad y la economía.

Un poder constituyente “desbloqueador” en manos de un gobierno bajo presión

El discurso oficial es seductor: la Asamblea Constituyente sería el “escenario para desbloquear las reformas” sociales, políticas y de justicia que —según el Gobierno— el Congreso ha obstaculizado.La narrativa del “bloqueo institucional” ya ha sido repetida por el propio presidente y por sus ministros desde hace meses.

Pero hay un dato que no debe perderse de vista: hoy el Ejecutivo ya se encuentra en un estado de excepción que le permite legislar por decreto durante 30 días, precisamente para crear nuevos impuestos y reorganizar el gasto sin pasar por el trámite ordinario en el Congreso.

Sumar a ese poder extraordinario un proyecto para reescribir las reglas de juego de la Constitución de 1991 no es un gesto inocente. Es un claro intento de cambiar el tablero cuando las mayorías parlamentarias no alcanzan, y cuando la gestión económica del Gobierno atraviesa su momento más delicado.

Que un gobierno presionado por el déficit, cuestionado por su manejo fiscal y enfrentado a los órganos de control y a la justicia busque al mismo tiempo ampliar su margen de maniobra constitucional, debería encender todas las alarmas.

El atajo jurídico

Desde agosto, la Registraduría había reconocido un comité promotor para un “referendo constituyente” que busca habilitar al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente, con base en la recolección del 5 % de firmas del censo electoral.

El diseño que defienden sus impulsores es problemático por varias razones:

Se vende la idea de que las firmas “obligan” a la Constituyente. En realidad, la ruta de la participación ciudadana pasa inevitablemente por el Congreso y la Corte Constitucional: el Legislativo debe tramitar una ley que convoque el referendo y la Corte debe revisar previamente el texto para impedir iniciativas abiertamente inconstitucionales

Se sugiere que, si el Senado se niega, el presidente podría convocar por decreto. Esa tesis, defendida por algunos voceros del comité, supone un choque frontal con la arquitectura de la Constitución del 91, que distribuyó el poder de reforma entre el Congreso, el pueblo y la propia Corte, precisamente para evitar que un solo poder “secuestrara” el proceso constituyente.

Se minimiza el carácter excepcional del “momento constituyente”. Como ha recordado el exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, los momentos constituyentes no se decretan desde un gobierno, sino que emergen de coyunturas históricas extremas (como la crisis de finales de los 80 y comienzos de los 90 que dio origen a la Carta del 91).

Usar el descontento social y las frustraciones con el Congreso como coartada para forzar una “Constituyente por firmas”, reinterpretando de forma creativa los mecanismos de participación, se parece más a un atajo que a una profundización democrática.

Riesgos económicos: más incertidumbre para un país ya en emergencia

La emergencia económica declarada mediante el Decreto 1390 no es un gesto menor: concentra en el Ejecutivo la facultad de expedir decretos con fuerza de ley para crear nuevos tributos, reorientar gasto y endeudarse, todo ello sujeto a un control posterior del Congreso y de la Corte Constitucional.

Los efectos inmediatos han sido previsibles:

• aumento de la percepción de riesgo sobre la estabilidad fiscal del país;
  
• expectativa de nuevas cargas tributarias sobre empresas y sectores ya golpeados;
  
• mayor incertidumbre para la inversión, justo cuando Colombia compite por capital en una región también convulsionada.
  

En ese escenario, anunciar simultáneamente una ruta hacia una Constituyente:

• incrementa la volatilidad institucional: nadie sabe qué modelo económico podría salir de una Asamblea, ni qué garantías habría para la propiedad, la inversión o la independencia del Banco de la República;
  
• desincentiva decisiones de largo plazo: un empresario que evalúa invertir a 10 o 15 años se pregunta si las reglas tributarias, laborales y contractuales sobrevivirán al rediseño constitucional;
  
• refuerza la idea de un gobierno dispuesto a reescribir las normas cuando la realidad fiscal le resulta adversa.

Lejos de ser la salida a la crisis, la Constituyente se convierte así en otro factor de desconfianza. Es difícil pedirle a los mercados calma y paciencia mientras se encadena un estado de excepción económico con un proyecto de refundación institucional.

Polarización y desgaste democrático: el relato del “pueblo” contra las instituciones

Otro riesgo central es político: la Constituyente se vende como una confrontación entre el “poder constituyente del pueblo” y una élite política que bloquearía las reformas.

Esa narrativa ignora deliberadamente que:

• las derrotas del Gobierno en el Congreso hacen parte de la democracia representativa, no de un “golpe blando”;
  
• los órganos de control y la justicia están cumpliendo su tarea cuando revisan la legalidad de decretos, campañas y nombramientos, como lo demuestra, por ejemplo, la sanción del CNE a la campaña presidencial de Petro por exceder topes de financiación.
  

Cuando el Gobierno presenta toda resistencia institucional como “bloqueo” y toda crítica como “defensa del statu quo”, abre la puerta a una peligrosa deslegitimación de los contrapesos. Una Constituyente en ese ambiente corre el riesgo de convertirse en un plebiscito emocional “a favor o en contra de Petro”, más que en un ejercicio sereno de rediseño constitucional.

La experiencia latinoamericana reciente es elocuente: procesos constituyentes liderados por gobiernos fuertes, con discursos polarizantes, tienden a producir textos a la medida del proyecto político en el poder, no consensos duraderos.

¿Qué se juega Colombia con esta Constituyente?

No se trata de idealizar la Constitución de 1991 ni de negar que el país necesita reformas profundas. Pero aceptar sin más la propuesta del Gobierno de impulsar una Asamblea Constituyente en plena emergencia económica implica asumir varios riesgos simultáneos:

1. Riesgo institucional: que se debiliten los frenos y contrapesos al dejar la puerta abierta a interpretaciones que permiten al Ejecutivo saltarse al Congreso y a la Corte en nombre del “poder constituyente”.
   
2. Riesgo económico: que la combinación de estado de excepción + amenaza de reescritura constitucional espante inversión, frene el crecimiento y agrave la crisis fiscal que dice querer solucionar.
   
3. Riesgo democrático: que la Constituyente se use como arma arrojadiza en la campaña hacia 2026, profundizando la polarización y reduciendo el debate constitucional a una lucha de trincheras.
   
4. Riesgo de frustración social: que se creen expectativas imposibles de cumplir, convirtiendo la Asamblea en un nuevo capítulo de promesas incumplidas, con más desafección ciudadana hacia la política.
   

Una Asamblea Constituyente no es, por definición, ilegítima. Pero sí es profundamente imprudente promoverla desde un gobierno que ya ha activado poderes extraordinarios, enfrenta una crisis fiscal de su propio manejo y mantiene una relación tensa con las instituciones que deberían vigilarlo.

En tiempos de emergencia económica, lo que Colombia necesita es previsibilidad y rigor, no un salto al vacío constitucional disfrazado de “poder del pueblo”.