Por estos días, Antioquia vuelve a mirar con inquietud dos episodios que, aunque ocurrieron en frentes distintos del sector energético, comparten un aire de familia difícil de ignorar: el frustrado contrato de EPM con Canacol para traer gas desde la Costa Caribe, y la polémica adjudicación de la segunda etapa de Hidroituango a un consorcio con participación china durante la administración de Daniel Quintero.
A primera vista, se trata de proyectos diferentes: uno es un gasoducto que nunca se materializó; el otro, la continuidad de la obra hidroeléctrica más importante del país. Pero cuando se examinan los detalles, emergen coincidencias estructurales que no pueden descartarse como simples casualidades.
No se trata de conclusiones judiciales —eso le corresponde a los órganos de control—, sino de preguntas legítimas. Y en materia de contratación pública, las preguntas son el primer deber ciudadano.
Megacontratos, urgencias y decisiones concentradas
Ambos casos tienen un punto de partida común: decisiones contractuales de enorme magnitud tomadas en un período particularmente sensible para EPM.
En el caso Canacol, el contrato implicaba asegurar el suministro de gas y, sobre todo, la estructuración de un gasoducto de casi 289 kilómetros entre Jobo y Medellín, presentado como uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del cuatrienio.
En Hidroituango, el escenario fue aún más crítico: la segunda etapa de obras civiles para las unidades 5 a 8, necesarias para completar el proyecto, terminó en manos del Consorcio CYS, integrado por Yellow River y Schrader Camargo, luego de la salida del consorcio CCC Ituango.
En ambos episodios, el elemento clave es el mismo: megacontratos estratégicos adjudicados en medio de presiones políticas, urgencias institucionales y riesgos financieros gigantescos.
El “factor chino”: coincidencia o patrón emergente
Uno de los elementos más llamativos es la presencia de empresas chinas en los dos frentes.
En Canacol, el nombre que aparece es Shanghai Engineering and Technology Corp (SETCO), presentada como constructora del gasoducto. Sin embargo, reportajes posteriores plantearon dudas sobre su trazabilidad corporativa, señalando que habría existido una estructura societaria registrada en Panamá poco antes del anuncio.
En Hidroituango, la adjudicación recayó en un consorcio con participación de Yellow River, y según reportes iniciales, también se relacionó con firmas del universo PowerChina.
Por supuesto, la presencia de empresas chinas no es un delito ni una anomalía en sí misma: China es hoy uno de los mayores actores globales en infraestructura.
Pero la pregunta inevitable es otra:
¿por qué en el mismo período EPM terminó vinculada a dos grandes apuestas contractuales con actores chinos, en sectores estratégicos y bajo condiciones altamente discutidas?
Esa coincidencia, por sí sola, amerita investigación.
Baja competencia y contratistas inesperados
Otro punto común es el escenario de contratación con señales de baja competencia o decisiones sorpresivas.
En Hidroituango, se reportaron momentos en los que el proceso parecía encaminado hacia un único consorcio habilitado. La Contraloría de Antioquia, de hecho, abrió recientemente una actuación especial para indagar un posible detrimento patrimonial asociado al cambio de contratistas y el incremento de costos.
En Canacol, el contrato terminó abruptamente, alegando obstáculos ambientales, sociales y de seguridad, pero dejando tras de sí una historia llena de interrogantes: ¿por qué se desplazaron operadores tradicionales?, ¿cómo se seleccionó al constructor?, ¿qué debida diligencia se aplicó?
Cuando los contratos estratégicos terminan en manos de actores poco conocidos en el ecosistema local o bajo esquemas poco transparentes, el problema no es el origen del contratista: es el vacío de explicación institucional.
Lo que no está en prensa: subcontratistas, intermediarios y beneficiarios reales
Los grandes escándalos rara vez están en el contrato principal. Están en los anexos.
Si existe un verdadero hilo conductor entre Canacol y Hidroituango, probablemente no se encuentre en los nombres visibles, sino en lo invisible:
- subcontratistas repetidos
- consultores prediales y ambientales
- corredores de seguros
- intermediarios de estructuración
- vehículos offshore
- beneficiarios finales no identificados
En Canacol, la discusión sobre posibles estructuras societarias en Panamá abre una línea delicada: la dificultad de saber quién está realmente detrás de un consorcio.
En Hidroituango, la gran pregunta no es solo quién ganó, sino quiénes entraron después: la cadena de proveedores y subcontratistas que muchas veces no se revisa con el mismo rigor.
Ahí es donde suelen esconderse los verdaderos nexos.
Dos casos, una misma necesidad: trazabilidad total
Lo que une estos episodios no es una prueba concluyente de corrupción, sino algo más preocupante:
la reiteración de patrones contractuales opacos en proyectos vitales para Antioquia.
Cuando una empresa como EPM —patrimonio público— se ve envuelta en decisiones que terminan en:
- contratos fallidos
- incrementos de costos
- contratistas cuestionados
- investigaciones fiscales
- estructuras societarias difíciles de rastrear
la pregunta no es si hubo delito.
La pregunta es si hubo captura institucional, improvisación o redes de intermediación que operaron sin control.
Hipótesis que deben investigarse (y no silenciarse)
Sin afirmar conclusiones, hay al menos cuatro hipótesis razonables que deberían ser objeto de auditoría profunda:
Existencia de un ecosistema común de intermediarios que conecta oportunidades contractuales con actores internacionales.
Debida diligencia insuficiente sobre constructoras y estructuras societarias.
Subcontratación como puerta trasera para redes locales de contratación.
Decisiones concentradas en pocos comités y funcionarios, sin suficiente trazabilidad pública.
EPM no puede permitirse más zonas grises
Canacol e Hidroituango son, en el fondo, dos advertencias.
No porque sean idénticos, sino porque reflejan un mismo riesgo: que los proyectos estratégicos terminen rodeados de incertidumbre, sospechas y opacidad.
La transparencia no es un lujo administrativo. Es la única garantía de que el patrimonio público no quede atrapado en redes que nadie eligió, nadie vigiló y nadie explica.
Y cuando los patrones se repiten, la obligación no es callar.
La obligación es investigar.
