El reciente anuncio de la Contraloría General de Antioquia de abrir investigación sobre decisiones adoptadas en EPM y en el proyecto Hidroituango durante el periodo 2020–2023 no puede interpretarse como un simple trámite administrativo. Se trata, en realidad, de un hito institucional que pone en evidencia una verdad incómoda: el control fiscal llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho o, al menos, cuando sus indicios se volvieron imposibles de ignorar.
La investigación anunciada tiene como telón de fondo una serie de decisiones administrativas y contractuales que marcaron el rumbo del proyecto Hidroituango, particularmente en lo relacionado con el cambio de contratista y el proceso licitatorio de las unidades de generación 5 a la 8. Decisiones que no ocurrieron de manera aislada ni accidental, sino dentro de un contexto de reiteradas interferencias políticas, debilitamiento del gobierno corporativo y alteraciones sustanciales en la planeación técnica y financiera del proyecto, las cuales se encuentran explicadas y documentadas en los libros “Por un renacer de EPM y Medellín”, publicado por el Sindicato de Profesionales de EPM – SINPRO y “Medellín ya no les pertenece, bitácora de un asalto“, publicado por Gloria Jaramillo, Yamid López y Julián Vásquez.
Desde marzo de 2022 hasta julio de 2023, el proceso licitatorio para estas unidades estuvo marcado por aplazamientos sucesivos, procesos declarados desiertos y reaperturas que, lejos de responder a criterios de eficiencia o mejora técnica, generaron retrasos acumulados con efectos económicos cuantificables. La cronología es elocuente: más de una decena de aplazamientos, cambios en los requisitos de experiencia y un abrupto incremento del presupuesto inicialmente estimado, que pasó de aproximadamente COP 410.000 millones a cerca de COP 900.000 millones, sin una modificación proporcional del alcance técnico de las obras
El impacto de estas decisiones no es abstracto. Según estimaciones técnicas consignadas en las fuentes documentales, la demora en la entrada en operación de las unidades 5 a la 8 ha representado un lucro cesante aproximado de COP 5.000 millones diarios por unidad, lo que podría traducirse en un detrimento patrimonial cercano a los COP 3 billones a julio de 2023. Cifras que, aunque puedan variar en su exactitud final, revelan una magnitud que obliga al escrutinio fiscal serio y profundo
Lo más preocupante no es solo la dimensión económica del posible daño, sino su origen. No se trata de una contingencia natural ni de un evento imprevisible, sino de decisiones administrativas adoptadas bajo la dirección de la alta gerencia de EPM y de la junta directiva de Hidroituango, presidida por el entonces alcalde de Medellín. Decisiones que, como hoy se reconoce, pudieron comprometer el patrimonio público y la sostenibilidad de uno de los proyectos estratégicos más importantes del país.
En ese contexto, la queja ciudadana que dio lugar a la solicitud de auditoría integral especial ante la Contraloría General de Antioquia no es un acto aislado ni motivado por intereses políticos. Es la expresión de un control ciudadano que encontró respaldo en información pública, verificable y documentada, y que cuestiona, con argumentos técnicos y financieros, la razonabilidad de lo actuado
La apertura de esta investigación plantea, además, una pregunta de fondo: ¿dónde estuvo el control fiscal preventivo cuando se tomaban estas decisiones? ¿Por qué fue necesario que la ciudadanía documentara y denunciara lo que los órganos de control no corrigieron oportunamente? El control fiscal no puede limitarse a contar pérdidas cuando estas ya se han materializado; su función esencial es evitar que ocurran. Y aún más incómodo parece ser preguntar ¿Dónde han estado todos aquellos que durante la administración Quintero fingían defender Medellín y que al final solo demostraron un interés electoral? ¿Qué han hecho en defensa de estos intereses de la ciudad aparte de un show barato y vivir del relato?
Hidroituango no es solo una obra de ingeniería. Es un símbolo de la capacidad institucional del país y un pilar de la seguridad energética nacional. Por eso, esclarecer lo ocurrido no es un ejercicio de revancha política ni de ajuste de cuentas retrospectivo, sino un imperativo ético e institucional. Determinar si hubo detrimento patrimonial, responsabilidades fiscales individuales o colectivas y fallas estructurales en la toma de decisiones es una obligación con los ciudadanos de Antioquia y de Colombia.
Que esta investigación no se quede en el anuncio. Que no sea un expediente más destinado al archivo. Porque cuando el control llega tarde, el daño no solo es financiero: es institucional, y sus efectos perduran mucho más que cualquier cifra en un balance.
