16 exigencias y un diagnóstico incómodo para el Gobierno

La más reciente resolución del Parlamento Europeo sobre Colombia no es un saludo a la bandera: es un inventario demoledor de fallas de seguridad, erosión institucional y polarización política. El texto reconoce el dolor, pide resultados y, sobre todo, señala responsabilidades que tocan de frente al Gobierno nacional.

Qué está diciendo Europa (y por qué incomoda a la Casa de Nariño)

El Parlamento condena el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, contextualiza una ola de atentados y establece un vínculo entre el avance de grupos armados y una retórica oficial polarizante que deteriora el clima democrático. También exige investigaciones a fondo, protección efectiva a líderes y periodistas, y actualizar la lista europea de organizaciones terroristas para incluir a disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el llamado “cartel de los Soles”.

Considerandos A–R, explicados:

A. Colombia vive una escalada persistente de violencia armada y terrorista con deterioro humanitario en campo y ciudades: desplazamientos, confinamientos y masacres.

B. La escalada está estrechamente ligada a ELN, disidencias FARC (Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central) y Clan del Golfo, con finanzas criminales (drogas, extorsión, secuestros, minería ilegal). Crecen los ataques con drones en 2024–2025.

C. Masacres y atentados recientes: Catatumbo (enero 2025), carrobomba en Cali (agosto, muertos y decenas de heridos) y helicóptero policial derribado en Antioquia.

D. El caso Uribe Turbay: hubo múltiples solicitudes previas para reforzar su esquema ante amenazas creíbles; la UNP se negó reiteradamente; el 7 de junio sufrió el atentado y falleció el 11 de agosto. Los autores intelectuales siguen sin identificarse.

E. 72 soldados fueron tomados como rehenes en Cauca (7 de septiembre) y luego liberados, síntoma de control territorial de grupos armados.

F. Patrón de agresiones coordinadas que apunta a amenaza directa a instituciones y elecciones 2026.

G. La Presidencia y otros actores han elevado la polarización con discurso incendiario; el equipo jurídico de Uribe denunció ataques a sus credenciales democráticas; el presidente lo niega.

H–I. Redes transnacionales refuerzan el terrorismo: soporte, armas y refugio desde Venezuela (mención al “cartel de los Soles”).

J. Producción de cocaína en récords según Naciones Unidas, con efecto dominó regional.

K. ELN ya está en la lista UE; pide reconocer a disidencias FARC, Clan del Golfo y cartel de los Soles como terroristas por sus ataques sistemáticos y soporte transnacional.

L. Tras la estrategia de “Paz Total”, paradójicamente crecieron actividades ilegales y poder territorial de estructuras criminales; el Estado intenta mejorar operaciones de seguridad.

M. Violaciones al DIH por guerrillas, disidencias y sucesores del paramilitarismo; la violencia y la impunidad se expanden afectando a políticos, defensores, periodistas y líderes sociales.

N. 81 defensores asesinados en los primeros cinco meses de 2025; Colombia, país más peligroso para defensores; y la Presidencia planea recortar el presupuesto a la Defensoría del Pueblo.

O. Primer semestre 2025: 1,45 millones de personas afectadas y >70.200 desplazadas; más reclutamiento infantil y minas.

P. En 2025, Indepaz registra 52 masacres (172 víctimas); expansión de al menos 10 grupos armados presentes ya en >73% del país (809 municipios).

Q. La UE ha apoyado el Acuerdo de Paz 2016 (recordando que el plebiscito fue rechazado por el pueblo).

R. Una Colombia democrática fuerte es vital para la estabilidad regional.
 

El texto perfila un fracaso de contención: mientras el gobierno multiplica la retórica de paz, los grupos armados amplían su control, y el Estado flaquea en protección y prevención. La promesa de “Paz Total” no puede traducirse en concesiones unilaterales ni en vacíos de autoridad.

Decisiones 1–16: lo que la UE le exige a Colombia (y lo que revela)

1. Condena el magnicidio de Uribe Turbay. 2) Lo ubica en un patrón de intimidación política. 3–4) Condena la oleada terrorista y solidaridad con víctimas. 5) Investigar a fondo, incluyendo instigadores y facilitadores. 6) Abordar causas del conflicto, garantizar DD. HH. y cultura de diálogo.
   
2. Alarma fronteriza: crimen organizado y finanzas ilícitas con eje Venezuela; pide cortar flujos (banca, oro, empresas pantalla) y reforzar cooperación e inteligencia. 8) Valora iniciativas europeas de cooperación técnica (p. ej., “Falcone-Borsellino”). 9) Señala que el discurso incendiario de la Presidencia alimenta la polarización y exige contención y protección a actores democráticos.
   
3. Riesgos electorales 2026: pide transparencia institucional y seguridad para campaña y comicios. 11) Impunidad: remover obstáculos de acceso a justicia. 12) Refuerzo de ONU (OACNUDH y Misión de Verificación).
   
4. Actualizar la lista UE de organizaciones terroristas: además del ELN, disidencias FARC (Segunda Marquetalia, EMC), Clan del Golfo y cartel de los Soles. 14) Mantener y fortalecer apoyo político-financiero europeo al proceso de paz. 15) Preocupación por recorte a la Defensoría del Pueblo; la UE debe respaldar el DIH y la obligación estatal de proteger civiles. 16) Remitir la resolución a instituciones europeas, colombianas y multilaterales.
   

Las decisiones exhiben vacíos estatales: de investigación, protección, coordinación internacional y coherencia entre discurso y realidad. Que el propio Parlamento Europeo pida moderar la retórica presidencial y blindar las elecciones es, en sí mismo, un bochorno diplomático para un gobierno que se reclama “garante de la paz” y un comprobado fracaso del Gobierno nacional.

En suma: menos micrófono y más Estado

La resolución raspa en donde duele: protección tardía, polarización útil para la plaza pero tóxica para la democracia, y un mapa criminal que no respeta fronteras. El Gobierno debe abandonar la coartada discursiva y reconstruir capacidades: inteligencia, presencia territorial, coordinación interinstitucional y alianzas internacionales que cierren el grifo financiero del crimen. Si la “Paz Total” no logra desarmar incentivos, romper cadenas de valor criminal y poner a salvo a la ciudadanía, entonces no es paz: es un interregno pagado con vidas y libertades.