En plena víspera de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, cuyo propósito constitucional es evitar que el poder público se use con fines político-electorales, se desató una nueva polémica que debería sacudir las conciencias ciudadanas y la agenda pública del país. El exconcejal de Bogotá y próximo Representante a la cámara Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, ha venido denunciando con cifras en mano que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría firmado decenas de miles de contratos de prestación de servicios justo antes de que la ley entrara a regir, comprometiendo recursos públicos por cifras multimillonarias.
Según Briceño, entre el 1 y el 28 de enero de 2026, el Gobierno Nacional suscribió 85.826 contratos de prestación de servicios —una cifra extraordinaria en tan corto periodo— por un **valor aproximado de $5,1 billones de pesos. Esta suma, equivalente a partidas presupuestales completas de ciudades intermedias o a inversiones públicas emblemáticas, se habría comprometido en un lapso de menos de un mes, justo antes de que la restricción electoral frenara la contratación estatal tradicional.
Además, estas cifras se suman a denuncias previas del mismo Briceño sobre el volumen global de contratos durante la administración, quien ha señalado que en los últimos años se habrían firmado cerca de 229.000 contratos de prestación de servicios desde 2022, lo que representaría un gasto histórico de más de $9 billones de pesos y un promedio de 253 contratos por día.
La ley de garantías busca precisamente prevenir que fortunas del presupuesto estatal se utilicen para influir en procesos electorales o para engrosar clientelas políticas a través de la contratación masiva de personal temporal o “a dedo”. El espíritu de esta legislación es claro: preservar la neutralidad del Estado y proteger los recursos públicos frente a usos inadecuados en periodos sensibles. Que cifras como las denunciadas se concentren justo en los días previos a su aplicación, incluso sin claridad absoluta sobre su legalidad o necesidad, merece una reflexión profunda.
No se trata solo de números; estamos ante un debate sobre transparencia, prioridades y sostenibilidad fiscal. Colombia enfrenta importantes desafíos sociales y económicos: la necesidad de fortalecer servicios públicos, garantizar empleo digno y formal para los ciudadanos y mantener la confianza en las instituciones que administran fondos y programas esenciales. El incremento explosivo de contratos de prestación de servicios —modalidad laboral que, por definición, no otorga estabilidad ni beneficios propios de una relación laboral formal— abre interrogantes sobre la calidad de empleo que el Estado está promoviendo y el uso que se le da a la contratación pública como instrumento de política.
Criticar la administración actual por estas prácticas no puede limitarse a un ejercicio de oposición política. Debe convertirse en un llamado a la reflexión institucional: ¿estamos gestionando los recursos públicos con eficiencia, equidad y transparencia? ¿Cumplen estos contratos las necesidades reales de la administración pública o responden a lógicas de conveniencia política? ¿Qué controles y mecanismos existen para garantizar que el gasto sea legítimo, legal y orientado al bien común, más allá del ciclo electoral?
Colombia merece respuestas claras. No basta con cifras y tuits; lo que se requiere es transparencia real, rendición de cuentas pública y una discusión informada que trascienda los discursos partidistas. El costo de dejar pasar este debate —en términos de confianza ciudadana y de legitimidad institucional— puede ser mucho más alto que los billones que hoy centran la controversia.
Y mientras el país decide, la opinión pública tiene el derecho y la obligación de escrutar cada contrato, cada peso comprometido y cada decisión que afecte el interés colectivo. Solo así se fortalecerá la democracia que todos afirmamos defender.
