Cada vez que se abren las inscripciones de listas al Senado, a la Cámara de Representantes o a la Presidencia en Colombia, se nos repite el mismo discurso: “los mejores perfiles”, “las personas más preparadas”, “los abanderados de la transparencia y los valores”. Sin embargo, cuando uno se detiene a revisar con algo de cuidado los nombres que aparecen en esas listas, la realidad golpea: abundan las personas investigadas por presunta comisión de delitos, los matones —digitales y físicos— que han hecho carrera en el insulto y el hostigamiento, y los personajes con cuestionamientos profesionales, políticos y disciplinarios que parecen tener más prontuario que hoja de vida.
Nos hablan de “dignidades” como si el título por sí mismo bastara para ennoblecer a quien lo ostenta. Pero la dignidad no se decreta: se demuestra.
Listas llenas de expedientes, no de méritos
En teoría, las listas deberían ser el resultado de un ejercicio riguroso: evaluación de trayectoria, coherencia ética, solvencia profesional, respeto por los derechos humanos, compromiso democrático. En la práctica, lo que vemos muchas veces es un desfile de apellidos conocidos, de operadores políticos en busca de fuero, de personas que acumulan denuncias, sanciones o investigaciones, y aun así son presentadas como “renovación”, “gente nueva” o “liderazgos alternativos”.
No estamos hablando de errores menores ni de chismes de pasillo. Hablamos de:
- Personas investigadas por presunta corrupción, constreñimiento, violencia, entre otros delitos.
- Individuos reconocidos por su historia de matoneo, ya sea en redes sociales o en la vida real, que han construido su “capital político” a punta de insultar, humillar o intimidar a otros.
- Dirigentes con anotaciones disciplinarias, cuestionamientos éticos severos y un historial de comportamientos incompatibles con los valores democráticos que dicen defender.
Y aun así, terminan encabezando tarjetones, presidiendo listas, o siendo la “apuesta” de algún sector que, de cara a la opinión pública, se vende como guardián de la moral y la institucionalidad.
El caso personal: cuando el agresor termina premiado con un aval
En medio de este panorama general hay historias personales que duelen y, al mismo tiempo, revelan la magnitud del problema.
En mi caso, existe una persona que integrará la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia a quien he denunciado penalmente por constreñimiento ilegal, injuria y calumnia agravada, y violencia de género, por culpa del cual debí incluso pedir orden de protección especial a la policía y pedir vigilancia para mi familia por el riesgo generado por el vulgar personaje. No se trata de un hecho aislado ni de una percepción subjetiva: otras ciudadanas y ciudadanos también han presentado denuncias contra el mismo sujeto por hechos similares.
Es decir, hablamos de alguien que acumula serios cuestionamientos y que ya ha sido señalado formalmente ante las autoridades por su presunta conducta violenta, intimidatoria y difamatoria. Pese a ello, un partido político de derecha le otorgó su aval, sin que se conozca de una verificación mínima, rigurosa y transparente sobre su historial de agresiones y de denuncias. Bastó la cercanía política, la utilidad electoral, o la conveniencia coyuntural, y los principios se hicieron flexibles, moldeables, casi decorativos.
No daré nombres aquí, porque no se trata de convertir este artículo en un linchamiento, sino de evidenciar una estructura enferma: la normalización de la violencia y la desinformación como credenciales políticas válidas.
Los “comités de ética”: ¿guardianes de principios o policías de la lealtad?
En los estatutos de casi todos los partidos aparecen, muy bien escritos, los famosos “comités de ética” o “tribunales de garantías”. Sobre el papel, son los órganos llamados a velar por la coherencia, por los valores, por la conducta intachable de quienes aspiran a cargos de elección o los ocupan.
En la práctica, muchas veces parecen tener otra función:
- Blindar a los de adentro ante cualquier cuestionamiento ciudadano, mediático o jurídico.
- Castigar la disidencia interna, no la conducta inmoral; quien se atreve a cuestionar al caudillo, paga caro.
- Mirar hacia otro lado cuando las denuncias provienen de víctimas sin poder político, sin apellidos rimbombantes o sin padrinos influyentes.
Estos comités rara vez son noticia por haber frenado a tiempo a un agresor, por haber impedido el aval de un presunto delincuente o por haberle cerrado la puerta a un matoneador profesional. En cambio, sí suelen ser eficientísimos cuando se trata de expulsar al militante incómodo, al que se niega a aplaudir en bloque, o al que tiene la osadía de decir: “esta persona no es digna de representarnos”.
Así, se configura una ética selectiva: se activa contra los débiles y se adormece frente a los poderosos. Se inspira más en la lógica de la lealtad de clan que en principios universales de justicia, respeto y dignidad humana.
Memorias frágiles, egos gigantes
Otra faceta preocupante es la amnesia selectiva. Los partidos y sus dirigentes recuerdan con claridad lo que les conviene: los resultados electorales, las fotos llenas de sonrisas, los discursos encendidos. Pero “olvidan” de manera estratégica:
- Las denuncias de violencia de género.
- Los antecedentes de matoneo y hostigamiento.
- Las campañas sucias y las prácticas de desinformación.
La memoria se enciende cuando sirve para atacar al adversario, pero se apaga cuando el señalado es “de los nuestros”. Se exige ejemplaridad al otro, pero se tolera casi cualquier cosa en casa propia.
Y cuando se trata de deponer egos por la democracia —de renunciar a una candidatura, de hacer a un lado a quien ya es un lastre ético, de escuchar a las víctimas—, el único principio que parece inquebrantable es la sed de poder. La dignidad se vuelve negociable; las víctimas, prescindibles; la democracia, una palabra bonita para discursos y vallas.
¿Son realmente dignos de representar al pueblo?
Llegados a este punto, vale la pena plantear la pregunta central que debería guiar cualquier lista a “dignidades” nacionales:
¿Son realmente dignas las personas que se postulan para representarnos?
La dignidad no se mide por el número de votos, ni por la habilidad para agredir al contradictor, ni por la capacidad de mover masas a punta de miedo o desinformación. La dignidad para representar al pueblo debería medirse, al menos, por:
- La trayectoria ética y profesional.
- El respeto por las mujeres y por todas las personas, más allá de sus ideas.
- La ausencia de patrones de violencia, matoneo o constreñimiento hacia quienes piensan distinto.
- La disposición a rendir cuentas, a rectificar, a pedir perdón cuando se ha causado daño.
Mientras partidos de todas las orillas —y en especial aquellos que se autodenominan guardianes de la moral y la familia— sigan regalando avales a personas con graves denuncias en su contra, sin siquiera tomarse la molestia de escuchar a las víctimas, hablar de “dignidades” será, cuando menos, una ironía cruel.
Como ciudadanas y ciudadanos, no podemos resignarnos a la idea de que “todos son iguales” y que “así funciona la política”. Precisamente porque la política define nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro, debemos exigir algo elemental:
que quienes aspiran a representarnos sean, antes que candidatos, personas verdaderamente dignas.
Si no empezamos por ahí, seguiremos viendo listas llenas de discursos sobre el “pueblo”, pero vacías de dignidad para representarlo.
