Tres años de retroceso, desorden y escándalo bajo el gobierno de Gustavo Petro
En agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia con una promesa grandilocuente: liderar un “cambio histórico”, abandonar el modelo neoliberal, reconciliar al país con su diversidad y consolidar la paz total. Hoy, tres años después, la ilusión del cambio navega entre cifras preocupantes, escándalos continuos y una evidente fatiga política. Colombia no solo dejó de avanzar: retrocede a toda velocidad, sin freno, sin dirección clara, sin responsabilidad asumida.
Los números, los hechos y las instituciones lo confirman. La administración Petro ha sido un torbellino de improvisación, clientelismo recargado y deterioro institucional. La esperanza ha cedido al desconcierto. El país parece ir, sin metáfora ni eufemismo, en reversa y en picada.
El termómetro de una economía enfriada
El Gobierno Petro heredó una economía con señales de recuperación tras la pandemia. En 2022, el PIB creció un impresionante 7,3 %. Sin embargo, este impulso fue fugaz. Para 2024, el crecimiento se redujo a un 1,7 %, y el primer trimestre de 2025 apenas muestra una mejora marginal del 2,7 %. La inversión extranjera directa se desplomó un 15 % y, más preocupante aún, la deuda pública superó el 63,8 % del PIB, un nivel alarmante que enciende las alertas de los mercados y las calificadoras de riesgo.
La confianza del consumidor, según Fedesarrollo, continúa en terreno negativo desde hace más de un año. El sector productivo también emite señales de alerta: la confianza comercial cayó a un 21 %, el nivel más bajo desde los días de confinamiento. Los empresarios ya no creen en el rumbo del país, ni en la seguridad jurídica para invertir.
El Gobierno insiste en celebrar la reducción del desempleo. Pero al examinar los datos de forma rigurosa, la verdad se desnuda: el 74 % de los empleos generados en 2025 son informales, precarios, sin protección social, sin estabilidad. Es un espejismo estadístico que oculta un país sin oportunidades dignas.
Gabinete: un carrusel que no para
Pocas administraciones en la historia reciente de Colombia han tenido una rotación tan descontrolada de altos cargos. En solo 35 meses, el gobierno de Gustavo Petro ha realizado más de 50 cambios ministeriales, generando un caos administrativo que bloquea la ejecución de políticas públicas, crea vacíos de poder y refuerza la sensación de improvisación permanente.
El caso del Ministerio de Minas y Energía es ilustrativo: Irene Vélez fue forzada a renunciar tras denuncias por nepotismo y la polémica salida de su hijo del país. Su reemplazo, Ómar Andrés Camacho, duró pocos meses, y ahora Edwin Palma, un sindicalista radical sin experiencia técnica en hidrocarburos, ocupa el cargo. ¿Resultado? Una política energética errática, desincentivo a la inversión en transición energética, y alertas en el sector petrolero.
El Ministerio del Interior ha visto desfilar tres ministros sin cohesión: Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco y ahora Armando Benedetti, este último implicado en uno de los mayores escándalos del gobierno. El Ministerio de Defensa, que requiere firmeza y estabilidad, quedó en el aire con la salida irrevocable de Iván Velásquez. Y en la mismísima Casa de Nariño, el DAPRE ha tenido tres directores en menos de dos años, todos envueltos en polémicas.
Este nivel de rotación no es solo anecdótico. Es estructuralmente destructivo. Impide continuidad, arruina la planificación y lanza un mensaje devastador: el Gobierno no tiene un equipo, tiene una lotería.
El desfile de escándalos
El mandato Petro no se mide solo por inestabilidad y desaciertos técnicos. Su verdadera herida autoinfligida es la corrupción institucionalizada en organismos estratégicos. La narrativa anticorrupción de la campaña se ha desmoronado ante la realidad.
Los casos más graves no son rumores, sino investigaciones formales con pruebas documentadas y audios lapidarios. Destacan:
- El escándalo de los carrotanques en la UNGRD: sobreprecios groseros, contratos fraccionados y evidencias de que los fondos públicos se usaron como moneda política para comprar congresistas.
- La revelación de Nicolás Petro, hijo del presidente, sobre la financiación irregular de la campaña presidencial con dineros de cuestionados empresarios de la Costa.
- La caída de Laura Sarabia, hoy reintegrada a pesar de haber ordenado interceptaciones ilegales a su niñera.
- Los audios de Armando Benedetti, revelando la supuesta compra de votos en la campaña presidencial.
- El involucramiento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en contratos amañados con la empresa Helistar, y su cuestionada cercanía con la financiación de la campaña.
- Los contratos de lujo en la Presidencia, incluyendo cortinas por más de $173 millones y muebles para “embellecer” despachos, mientras se predica austeridad.
- La nómina paralela del DPS, que repartió contratos por más de un billón de pesos sin criterios claros.
- El desangre institucional en entidades como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora.
A todo esto se suma la sospechosa reactivación de nombramientos de familiares y aliados del petrismo en cargos públicos sin el más mínimo filtro técnico, reviviendo el “nepotismo blindado” tan criticado en gobiernos anteriores.
Justicia a media marcha
En los estrados judiciales, la situación no es más alentadora. Exfuncionarios como Olmedo López, Sneyder Pinilla y Carlos Ramón González han sido imputados formalmente por delitos como peculado, cohecho e interés indebido. Nicolás Petro enfrenta juicio por lavado de activos. Irene Vélez y Laura Sarabia tienen investigaciones disciplinarias en curso. Y la lista crece cada mes.
La pregunta es: ¿habrá consecuencias reales? ¿O solo veremos movimientos cosméticos mientras se garantiza la impunidad con maniobras de dilación, protección política y reformas a los órganos de control?
El país asiste a un deterioro acelerado del principio de responsabilidad pública. Lo que en otras administraciones habría tumbado gobiernos, hoy se enfrenta con desdén y victimización ideológica.
¿Y ahora qué?
El daño está hecho, pero aún hay tiempo —poco, pero hay— para corregir el rumbo. Esto exige, primero, que el presidente abandone el discurso permanente de polarización y persecución, y asuma con humildad el balance de su gestión. Que gobierne con técnicos, no con activistas. Que se rodee de expertos, no de aduladores. Y sobre todo, que devuelva a los ciudadanos una mínima esperanza de institucionalidad.
Colombia merece mucho más que una revolución verbal sin resultados. Merece liderazgo sereno, políticas eficaces, transparencia radical y respeto por la inteligencia del pueblo.
Si el camino sigue siendo el mismo, el futuro será trágico: una administración que entró con el lema de “vida” y saldrá dejando una estela de desconfianza, escándalo y retroceso.
Porque un país no avanza a punta de discursos. Y menos cuando va, como hoy, en reversa y en picada.
