Dos investigaciones periodísticas recientes —Caracol Radio y El Colombiano— reabren el foco sobre la influencia que habría ejercido Miguel Andrés Quintero Calle en contratos y decisiones durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero, y sobre el estilo de vida que, según material en poder de investigadores, exhibía mientras tanto.
“El jefe”: testimonios y un patrón de poder
La pieza de Caracol Radio documenta que múltiples testigos dentro de entidades distritales se referían a Miguel Quintero como “el jefe”, describiéndolo como alguien que entraba a oficinas públicas a impartir órdenes, exigir cuentas y seguir de cerca procesos de contratación. Esta versión se acompaña con relatos sobre su cercanía con directivos hoy investigados o imputados.
Entidades bajo lupa: EDU, Metroparques, AMVA e Inder
Según Caracol Radio, Quintero habría tenido ascendiente en la EDU (a través de nombramientos clave), en Metroparques (gerencias y contratistas cercanos hoy con procesos) y en dependencias que manejaron recursos del Presupuesto Participativo. El informe detalla presuntos direccionamientos de contratos —incluido un proveedor que habría concentrado más de $33.000 millones—, compras con sobrecostos por alrededor de $3.700 millones, y cambios al manual de contratación que facilitaron la discrecionalidad.
Jardines abandonados y un contrato cuestionado
El mismo trabajo narra cómo, durante esa administración, el mantenimiento de los jardines de Medellín salió del histórico Jardín Botánico y terminó en la Reforestadora El Líbano mediante un contrato por $5.200 millones, tramitado vía Metroparques. La Procuraduría calificó como falta gravísima las modificaciones y prórrogas que desconocieron principios de la función administrativa.
Nombres, redes y el “Montañero”
Entre las conexiones que reseña Caracol Radio figuran exdirectivos de Metroparques y proveedores asociados. También aparece el apodo de “El Montañero”, señalado como beneficiario de decisiones en parques y escenarios deportivos. El relato incluye la mención de una camioneta Toyota vinculada a Miguel Quintero y su eventual relevancia en la trazabilidad de hechos.
El lujo como mensaje político: el Ferrari y el Rolex
La investigación de El Colombiano aporta fotografías y chats —en poder de investigadores— donde Miguel Quintero posa con un Ferrari rojo y ostenta un reloj Rolex. En un mensaje del 1 de marzo de 2020 acompañó la foto con la expresión “Grandes ligas”. El medio estima que el Rolex podría costar entre $70 y $200 millones (según modelo y detalles) y que un Ferrari de esas características puede superar los $1.500 millones.
Además, El Colombiano reseña propiedades y vehículos a nombre de Quintero (apartamento en Castropol, finca en Santana I, lote rural en San Vicente Ferrer), cuya valoración y cronología alimentan las preguntas sobre el origen de los recursos frente a su trayectoria laboral formal.
El “negocio” del Lote de Carabineros: $33.000 millones “por debajo”
Otro capítulo delicado que reconstruye El Colombiano es el del Lote de Carabineros: según el testimonio de un directivo inmobiliario, en una reunión en agosto de 2021, tras retirar teléfonos a los asistentes, Miguel Quintero habría ofrecido un terreno cuyo valor real rondaría los $45.000 millones, pero que en papeles estaba entre $10.000 y $12.000 millones, proponiendo que la diferencia —$33.000 millones— se entregara “por debajo”. El empresario rechazó la propuesta y dio su versión a las autoridades, originándose una noticia criminal en el SPOA que, pese a ello, habría permanecido congelada por tres años.
“Manual” de la contratación a la medida
El mismo reportaje describe un modus operandi reiterado: modificar estatutos para habilitar contratación directa por montos elevados y saltar controles de junta; y encadenar contratos interadministrativos (de una entidad pública a otra) para terminar asignando a privados presuntamente escogidos de antemano.
El estado del proceso y las preguntas inevitables
Un dato crucial del trabajo de El Colombiano: Miguel Quintero no figura como imputado ni acusado en las indagaciones referidas al periodo 2020–2024, aunque su nombre aparece desde tiempo atrás en testimonios sobre presuntas “mordidas”. La presunción de inocencia lo ampara mientras la justicia no diga lo contrario.
Pero precisamente por eso, el estándar de escrutinio público debe ser más alto. Si hay material gráfico, testimonios y rutas contractuales descritas de forma consistente por dos medios distintos —incluido el dato de que en entidades públicas a Miguel Quintero lo llamaban “el jefe”—, la Fiscalía y los órganos de control tendrían que explicar por qué algunas líneas de investigación no avanzan y cuáles son los obstáculos —jurídicos o probatorios— que lo impiden.
Lo que revelan estos dos trabajos no es solo una suma de episodios aislados: sugiere una arquitectura de poder informal que se movía entre nombramientos, manuales de contratación a medida y cadenas interadministrativas; y que, en paralelo, proyectaba una estética de triunfo —Ferrari, Rolex, “Grandes ligas”— difícil de conciliar con la ética pública. En términos democráticos, ese contraste es el centro del caso. No se trata de condenar en titulares, sino de exigir verdad, trazabilidad y decisiones. Medellín —y el país— merecen respuestas.
