La imagen del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, quebrándose en llanto ante los micrófonos de una rueda de prensa no es solo emotiva: es un símbolo de la profunda crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano. Arroyave relató, entre lágrimas, cómo al menos 460 funcionarios llevan meses sin salario y cómo trabajadores han llegado a desmayarse por falta de alimentos, mientras él mismo lucha por mantener la atención de pacientes sin recursos, insumos ni flujo de caja suficiente.
Los números son demoledores: más de 27.000 millones de pesos en deudas que las EPS —especialmente las intervenidas por el Estado— tienen con este hospital, y que han dejado a la institución al borde del colapso.
Sin embargo, lo que debería haber sido una llamada de alerta al Gobierno nacional para responder con políticas públicas integrales y medidas claras de apoyo financiero, se ha convertido en algo muy distinto: una medida de intervención por parte de entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud para “verificar las condiciones de operación y prestación del servicio”.
Este tipo de respuesta técnica puede tener sentido desde el punto de vista regulatorio. Pero aplicada de manera aislada y sin acompañamiento de soluciones estructurales, parece más un acto de señalamiento que de apoyo. Cuando un hospital público —que atiende a miles de ciudadanos sin importar su estrato socioeconómico— está al borde de cerrar servicios por falta de recursos, lo que se espera de un Gobierno responsable es acompañamiento, no supervisión burocrática. Más aún cuando la causa de la crisis no está en la mala gestión del hospital, sino en el incumplimiento sistemático de las EPS respecto a sus obligaciones de pago.
Ha circulado en redes sociales una frase indolente del actual Ministro de Salud: “los ricos también lloran”. Aunque su contexto completo no ha sido debidamente aclarado en medios, lo cierto es que esa idea ha calado en la percepción pública como una muestra de indiferencia frente al drama humano que representa un hospital sin recursos para pagar salarios o garantizar servicios básicos. Si bien la intención pudo haber sido lúdica o meramente retórica, el efecto ha sido devastador para la confianza ciudadana: cuando quienes lideran la política de salud parecen hacer chanza de la crisis, la indignación popular crece.
No se trata de defender intereses particulares o corporativos. Se trata de reconocer que la salud pública es un derecho fundamental, no un campo de batalla política donde se miden golpes retóricos o se aplica “castigo administrativo” a quien denuncia problemas reales. Y es aquí donde se debe plantear la pregunta: ¿Es esta intervención una medida técnica para garantizar la prestación del servicio o un acto de revancha política?
Comparar este tipo de acciones con prácticas autoritarias, como las vistas en regímenes opresores en la región, no es retórica vacía. En contextos donde la disidencia o la crítica se castigan con control administrativo o sanciones, los ciudadanos pierden la capacidad de cuestionar y mejorar las políticas públicas. Y aunque Colombia es una democracia y está lejos de esos extremos, la percepción de que las herramientas del Estado —como la Superintendencia de Salud— se utilizan para castigar más que para corregir, abre un preocupante precedente.
Lo que el Hospital San Rafael de Itagüí necesita no es una auditoría más, sino soluciones estructurales: una reestructuración del sistema de pagos de las EPS, garantías para que los hospitales puedan cumplir con su nómina, suministro de insumos esenciales y una política de salud que priorice la sostenibilidad de las instituciones que sostienen la atención médica de millones de colombianos. Sin esto, veremos más ruedas de prensa desgarradoras, más trabajadores sin salario, y más hospitales fallando en su misión básica.
Si el Gobierno nacional realmente está del lado de la salud pública, debe dejar de responder con intervenciones aparentemente punitivas y comenzar a actuar con políticas que restauren la confianza y la viabilidad financiera del sistema. Los colombianos no merecen ver llorar a quienes luchan por salvar vidas, ni que esa escena quede en un replay de indignación sin cambios concretos.
