En una panadería de Envigado, a plena luz del día, asesinaron a la periodista y docente María Victoria Correa y a su hermana María Nohelia; una tercera hermana resultó herida. El país vio la escena típica del horror: sicarios disfrazados, armas que entran donde la vida cotidiana debería estar a salvo, y una familia quebrada para siempre, y extrañamente, un sobrino que prefirió desviar la mirada cuando el arma apuntó a su propia familia. Meses después, la justicia dictó una condena de 17 años y 6 meses contra tres hombres que aceptaron su responsabilidad como autores materiales del ataque.
Pero lo que convirtió este crimen en una bofetada social —una de esas que dejan marca— no fue solo el método, sino el posible motivo: la codicia. La investigación apuntó a una disputa por una herencia cercana a los $3.000 millones y a la figura de un “heredero único” como detonante de la tragedia. Y el giro que terminó de helar la sangre llegó cuando se informó que un adolescente de 17 años —familiar directo— habría sido quien planeó u ordenó el crimen: un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo mientras avanza el proceso, escena que todos vimos en las noticias, como el joven era sacado bajo fuertes medidas de seguridad de su hogar, lleno de lujos, en el que vivía junto a su madre, quien se desesperaba al ver como se lo llevaban por haber ordenado el crimen contra su propia madre y tías.
Hasta aquí, los hechos. Lo que sigue es el debate que Colombia no puede seguir aplazando.
Cuando “tenerlo todo” no alcanza, es acaso la quiebra moral del privilegio?
Hay crímenes que nacen de la miseria, de la desesperación, de la ausencia brutal del Estado. Y hay otros que nacen de la abundancia mal digerida: del “quiero más”, del “me lo merezco”, del “esto también es mío” repetido como oración íntima hasta que se vuelve permiso para destruir. Si el móvil de esta historia fue, como señalan las autoridades y la prensa, la herencia y el afán por quedarse con todo, entonces el asunto es todavía más perturbador: no estamos ante un impulso, sino ante una lógica.
Una lógica donde la familia deja de ser refugio y se convierte en inventario. Donde la abuela y la tía abuela no son personas: son obstáculos. Donde el afecto estorba, la gratitud no existe y la vida humana vale menos que una escritura, un negocio, una cuenta bancaria.
Y sí: esto también habla de valores. No de “la juventud” como estigma fácil —porque sería injusto y perezoso—, sino de una franja concreta de jóvenes que crecieron con acceso, comodidades y oportunidades, pero sin un ancla ética sólida; con derechos (indiscutibles), pero sin límites interiorizados; con consumo como identidad, pero sin compasión como brújula.
Porque el problema no es solo que alguien mate por dinero. El problema es que, presuntamente, haya alguien dispuesto a matar a los suyos por dinero.
La justicia juvenil frente a crímenes de adulto: una brecha que indigna
Colombia juzga a adolescentes de 14 a 18 años bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), concebido con un enfoque pedagógico y de resocialización. Esa arquitectura tiene sentido cuando hablamos de inmadurez, entornos de riesgo y delitos asociados al aprendizaje social de la violencia. Pero ¿qué ocurre cuando lo que hay es planeación, determinación, contratación de sicarios y una motivación fría y calculada?
Ahí aparece la grieta que indigna: el SRPA contempla sanciones privativas de la libertad en centros especializados y, para los casos más graves, prevé rangos que pueden llegar —según la norma— hasta 8 años. Ocho años. Y el mensaje social que se filtra es venenoso: si logras que el crimen lo “pague” un menor, el costo penal puede ser dramáticamente menor que el daño causado.
No se trata de venganza. Se trata de proporcionalidad. Se trata de que el derecho penal, además de resocializar, también debe proteger a la sociedad y reconocer la magnitud del daño a las víctimas. Y se trata de algo básico: que la ley no puede terminar premiando —por diseño— a quienes instrumentalizan la minoría de edad como atajo hacia la impunidad.
“Que lo juzguen como adulto”: una idea incómoda… pero necesaria de discutir
En casos como este, la pregunta deja de ser tabú y se vuelve obligación: ¿un adolescente que presuntamente planea un doble homicidio familiar mediante sicarios debe recibir un tratamiento penal equivalente al de alguien que robó por presión de grupo? ¿De verdad estamos dispuestos a decirle a las familias destrozadas que “la vida sigue”, porque el agresor tenía 17 años y no 18?
El país necesita una reforma seria, sin populismo punitivo, pero también sin ingenuidad. Si un menor está en capacidad de idear y dirigir un crimen de esta magnitud, también está mostrando capacidades de decisión y comprensión de consecuencias propias de un adulto. La respuesta jurídica no puede ser automática, debe ser excepcional y probada caso a caso, pero la excepción debe existir.
Una salida posible (y más responsable que el eslogan) sería crear un régimen especial para delitos gravísimos cometidos por adolescentes mayores de 16, con:
- sanciones significativamente mayores a las actuales,
- evaluación estricta de dolo, planeación y rol (autor intelectual/determinador),
- cumplimiento en establecimientos separados del sistema penitenciario común, con enfoque de seguridad y tratamiento,
- y control judicial reforzado para evitar arbitrariedades.
Porque el dilema real no es “ser duros” o “ser blandos”. El dilema real es si la sociedad acepta que la edad, por sí sola, borre la gravedad de una decisión criminal presuntamente calculada.
La pregunta que queda flotando: ¿quién seguía?
Si el móvil era el acceso a una herencia, la inquietud que queda en el aire —y que estremece— es inevitable: si la vida de una abuela y una tía abuela fue “negociable”, ¿quién más podía volverse negociable? ¿Qué tan cerca estuvo esta historia de sumar otro nombre?
No lo afirmo como hecho: lo dejo como alerta moral. Porque cuando la codicia rompe el último dique —la familia—, ya no hay garantías. Y porque una sociedad que no ataja a tiempo estas señales termina normalizando lo impensable.
El verdadero legado
María Victoria Correa no debería ser recordada solo por la forma en que murió, sino por lo que representa el ataque: la fragilidad de la vida cotidiana, el precio de la ambición desatada y las fisuras de un sistema que todavía no sabe qué hacer cuando un menor actúa —presuntamente— con la frialdad de un adulto.
A Colombia le toca decidir qué mensaje quiere dejar: si el de la resignación (“así son las cosas”), o el de la responsabilidad (“la vida vale, y el crimen proporcionalmente se sanciona”). Porque si la justicia se queda corta, la sociedad aprende la lección equivocada.
Y cuando la lección equivocada se vuelve costumbre, el siguiente crimen siempre está más cerca de lo que creemos.
