La reciente firma de dos decretos que reestructuran la Unidad Nacional de Protección (UNP) y amplían de manera significativa su planta de personal vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión en Colombia: ¿fortalecimiento institucional o crecimiento burocrático con tinte político?
Los decretos 0019 y 0020 —fechados entre enero de 2025 y enero de 2026— no son menores. El primero redefine la estructura interna de la UNP y el segundo ajusta su planta de personal, creando 6.870 empleos permanentes, muchos de ellos derivados de una planta temporal que ahora se formaliza. Todo esto con la firma de Armando Benedetti, hoy en una posición de poder estratégico dentro del Ejecutivo, y en un contexto de alta sensibilidad institucional y política.
La UNP: entre la necesidad real y el riesgo estructural
Es indiscutible que la UNP cumple una función crítica en un país donde el riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos sigue siendo una realidad cotidiana. También es cierto que la entidad ha operado durante años con esquemas precarios de contratación, plantas temporales y sobrecarga funcional.
Sin embargo, el problema no es el “qué”, sino el “cómo” y el “cuándo”.
La expansión de la planta no solo es cuantitativa, sino cualitativa: se crean nuevos cargos directivos, se elevan grados salariales y se reconfigura el mapa de poder interno de la entidad. La supresión de cargos clave y la creación de otros de mayor jerarquía no es una simple modernización administrativa: es una redistribución de poder.
Burocracia permanente en tiempos de austeridad selectiva
Mientras el discurso oficial insiste en la eficiencia del gasto y la disciplina fiscal, la ampliación estructural de la UNP genera una tensión evidente. La formalización de miles de cargos implica costos recurrentes, no transitorios, que impactarán el presupuesto nacional durante años, independientemente de quién gobierne.
La pregunta es inevitable:
¿por qué una reforma de esta magnitud se concreta ahora, y no como parte de un debate amplio, transparente y técnicamente socializado?
Más aún, ¿por qué se acelera la consolidación de una planta robusta y jerárquica en una entidad históricamente sensible al uso político, justo cuando el Gobierno enfrenta desgaste, recomposición de alianzas y necesidad de control territorial?
La firma importa (y mucho)
En política administrativa, las firmas no son neutras. Que estos decretos lleven el nombre de Armando Benedetti no es un detalle menor. Benedetti es un actor con amplio historial de maniobra política, operador clave en escenarios de poder y figura central en el reacomodo del Ejecutivo.
La reestructuración de la UNP bajo su firma despierta suspicacias legítimas:
- ¿Se está blindando institucionalmente una entidad estratégica?
- ¿Se están creando espacios de poder administrativo para futuros equilibrios políticos?
- ¿Quién controlará, a mediano plazo, una UNP más grande, más costosa y más jerarquizada?
Protección sí, pero con controles reales
Fortalecer la UNP es necesario. Lo que no es aceptable es hacerlo sin un debate público robusto, sin evaluación independiente de impacto fiscal y sin garantías claras de meritocracia, control y transparencia en la provisión de los nuevos cargos.
En un país donde la burocracia suele crecer más rápido que la confianza ciudadana, cada decreto de expansión estatal debería venir acompañado de explicaciones claras, datos abiertos y controles reforzados.
Porque cuando la protección se mezcla con poder, y el poder con burocracia, el riesgo ya no es solo para quienes necesitan escoltas, sino para la institucionalidad misma.
