La Contraloría Distrital acaba de notificar la apertura formal de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntos hechos lesivos al patrimonio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. La comunicación —Radicado 048 de 2025— vincula como presuntos responsables a exfuncionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana y a un trabajador de Plaza Mayor que fungió como supervisor de contratos. No es un rumor: es un oficio con firma, sellos y exigencias concretas.
Las personas involucradas serían:
XILIANA CARDONA TAFURTH, Exsecretaria de organización social de la Secretaría de participación ciudadana, quien fue designada como supervisora líder del cuestionado contrato designada el 19 de julio de 2022.
LUIS GUILLERMO BRAND RENDÓN, Exsubsecretario de despacho de la Secretaría de participación ciudadana, quien fue designado como supervisora líder del cuestionado contrato designado el 28 de noviembre de 2022.
GLORIA INÉS ECHEVERRI LOPERA, Exsubsecretario de despacho de la Secretaría de participación ciudadana, quien fue designada como supervisora líder del cuestionado contrato designada el 12 de enero de 2023.
LUIS JAVIER HORTA GÓMEZ, trabajador oficial de Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones de Medellín S.A., quien fuera el supervisor de los contratos entre Plaza Mayor y los diferentes proveedores.
El documento parte de un hallazgo administrativo No. 17 dentro del Informe Definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión que evaluó la vigencia del 14 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Allí se revisa la ejecución del Contrato interadministrativo 4600094537 de 2022, suscrito entre la Secretaría y Plaza Mayor “para la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana”. En cristiano: un contrato para logística —esa palabra mágica— que debía facilitar talleres, eventos y movilización social.
Lo que encontró el equipo auditor es la radiografía local de un mal nacional: pagos sin soporte suficiente y precios que cambian de proveedor a proveedor sin justificación técnica. El caso más llamativo está en el “registro fotográfico”: mientras en el tarifario oficial del Distrito aparecen dos paquetes claros —60 fotos por $1.071.000 y 30 fotos por $595.000—, en las cotizaciones finales no se evidencian esos productos con tales características. Más aún: para dos requerimientos con las mismas especificaciones (PP0149 y PP0402), el primero costó $13.927.677 con un operador y el segundo $6.240.000 con otro. ¿Qué pasó entre una lente y la otra para que el precio se duplique? El oficio dice que no hay justificación técnica que soporte la diferencia.
La enumeración de pedidos da una idea de la gravedad: póliza de responsabilidad civil de directores y administradores vigente; mínimo tres cotizaciones por ítem o, en su defecto, el soporte de la gestión para obtenerlas; estudios de mercado cuando el bien o servicio no esté en el tarifario; y la identificación con nombre, cédula, correo y teléfono de quién verificó y aprobó cada cotización. Además, solicita el egreso debidamente soportado de ocho requerimientos: PP0118, PP0119, PP0134, PP0136-1, PP0391, PP0440, PP0544-1 y PP0622,
El listado revela grietas administrativas que no son menores. Para el requerimiento PP0622, por ejemplo, se demanda el estudio de mercado para el ítem “Camiseta tipo polo bordada”. Puede parecer trivial —¿quién no ha mandado hacer camisetas para un evento?—, pero justamente en estos rubros “menores” suele evaporarse el dinero público: pequeñas órdenes repetidas que, sumadas, hacen grandes fugas. Lo mismo con el ítem “Post” —un nombre genérico que, si no se define, permite cobrar desde una pieza de redes sociales hasta una supuesta “estrategia digital”—; la Contraloría exige soporte cuando ese ítem no está en el tarifario.
Otro detalle que delata desorden —o conveniencia— es la lista de asistencia requerida para una “salida pedagógica” (PP0544-1). Si la pedagogía es real, debería quedar registro de quiénes asistieron, cuándo, dónde y para qué. Sin esa evidencia, la “salida” termina siendo una coartada contable . Y no se trata de inventar culpables: se trata de probar que hubo un servicio concreto y no una narrativa difusa para justificar gastos.
El oficio pone un reflector una vez más sobre funcionarios de Daniel Quintero Calle, esta vez gracias a la Secretaría de participación ciudadana. Si el andamiaje que la sostiene —logística, proveedores, contratación— no resiste una auditoría básica, entonces la participación corre el riesgo de convertirse en escenografía, no en democracia sustantiva. Una participación operada a punta de fotos sin ficha técnica y camisetas sin estudio de mercado es, en el mejor de los casos, marketing; en el peor, malversación.
