Las contradicciones de Daniel Quintero en Aguas Vivas
Por mucho que Daniel Quintero Calle se presente como víctima de un complot político, el expediente del caso Aguas Vivas y sus propias declaraciones trazan una historia distinta y llena de contradicciones. La Fiscalía sostiene que la administración del exalcalde intentó convertir un lote cedido gratuitamente en un negocio de 40 000 millones de pesos, elevó su avalúo, modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para permitir grandes edificaciones y finalmente devolvió el terreno a los antiguos dueños. Ese relato concuerda con más de 4 000 pruebas documentales y testimoniales reunidas por el ente acusador. Frente a estos hechos, Quintero ha ido cambiando su versión y, al hacerlo, ha terminado atrapado por sus propias palabras.
De negocio a “ilegalidad”. Primero, su gobierno buscó la compraventa del lote, algo que hoy niega. Ahora acusa a su antecesor Federico Gutiérrez de haber dejado un contrato viciado y se justifica diciendo que únicamente lo “terminó” por ilegal. ¿Cómo se explica, entonces, que su administración negociara pagos multimillonarios por un bien que ya pertenecía al municipio? La pregunta destapa una contradicción de fondo: si el contrato era tan irregular, ¿por qué intentar comprar el lote?
¿Favoreció o protegió el patrimonio? En sus recientes declaraciones, Quintero acusa a la Fiscalía de ser incoherente porque lo señala de favorecer a los dueños del terreno al devolverles el predio pero también admite que ellos habían incumplido el contrato. El exalcalde concluye que, si hubo incumplimiento, no había daño patrimonial. Sin embargo, fue su propio secretario general quien firmó la resolución que devolvió el lote de manera irregular, pese a que jurídicamente el terreno ya era de la ciudad. La defensa de Quintero pretende hacer pasar esa decisión como un acto de protección, cuando en realidad entregó a particulares un bien público estratégico.
El decreto que no cambia nada pero lo cambia todo. Otra línea argumentativa de Quintero es que el decreto 412 de 2023 no modificó el POT y que su aplicación estaba condicionada a dicho plan. Se atreve incluso a retar a sus críticos a encontrar una sola licencia de construcción expedida con base en esa norma. No obstante, el propio decreto permitía edificaciones de hasta 15 pisos y hoteles en el ecoparque, lo que contradice su discurso ambientalista y justifica la acusación de que intentó urbanizar Aguas Vivas.
Culpabilizar al anterior alcalde. En un intento de desviar la atención, Quintero responsabiliza a Federico Gutiérrez de haber firmado el contrato un día antes de dejar la alcaldía y sugiere que él solo recogió el desastre. Pero el expediente muestra que las gestiones para comprar el lote, la elevación del avalúo y la devolución irregular ocurrieron durante su gobierno. Transferir la culpa no suple la falta de explicación sobre sus propios actos.
Persecución política como refugio. Ante la avalancha probatoria, Quintero afirma ser víctima de una cacería que busca sacarlo de la carrera presidencial. Es una narrativa útil para movilizar simpatizantes, pero no responde a las incongruencias de su conducta. La investigación no se sostiene en rumores sino en documentos, avalúos, resoluciones y decretos firmados por su administración
En suma, Daniel Quintero ha construido un laberinto discursivo para justificar decisiones cuestionables: cambia de versión según convenga, presenta como persecución lo que son actos procesales y acusa a terceros para evitar responsabilidad. El caso Aguas Vivas no sólo revela una presunta red de favores a promotores inmobiliarios; también exhibe la fragilidad ética de un dirigente que se convirtió en noticia por sus contradicciones. Quienes aspiren a dirigir la ciudad o el país no pueden pretender que la opinión pública olvide que, frente a un escándalo de esta magnitud, la transparencia y la coherencia brillaron por su ausencia.
