El punto de quiebre
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena contra Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, señalando deficiencias estructurales y errores en la valoración probatoria. El giro jurídico —que cerró más de una década de confrontación— reconfiguró la conversación pública: del “primer expresidente condenado” al “absuelto por falta de pruebas suficientes”. Ese movimiento deja a Montealegre, exfiscal y hoy ministro, en el peor lugar posible: el político que convirtió el expediente Uribe en cruzada y que ahora debe administrar justicia desde un cargo con conflictos evidentes.
Un ministro atrapado entre su rol y su historia
Desde junio, cuando fue nombrado en reemplazo de Ángela María Buitrago, Montealegre ya llegaba con la brújula inclinada: parte interesada en el proceso contra Uribe, reconocido incluso como víctima en etapas del juicio, y con un prontuario de choques públicos en torno a ese mismo caso. Su designación, lejos de pacificar, desató salidas en el engranaje técnico del sector justicia y abrió frentes de control que hoy lo cercan.
El cerco institucional se cerró
No es solo el fallo. En semanas recientes, la Defensoría del Pueblo pidió tumbar su nombramiento y solicitar medidas cautelares; además, la Procuraduría abrió indagación por presunta intromisión indebida en la administración de justicia a raíz de sus calificativos contra Uribe. En el tablero del Estado, ese encadenamiento equivale a una señal intermitente: cuando el ministro que debe garantizar la independencia judicial termina bajo lupa disciplinaria por su intervención en el caso más sensible del país, la credencial política deja de ser salvavidas.
Un gabinete fracturado
A la presión jurídica se suman grietas políticas: las peleas públicas con el ministro del Interior, Armando Benedetti —exhibidas en chats de WhatsApp— mostraron un gabinete sin brújula, y a Montealegre en modo pugna, no en modo árbitro institucional. Ese ruido hace inviable la conducción serena de una cartera que requiere quietud para ejecutar reformas, gestionar cárceles y coordinar al Inpec.
Lo que dijo (y cómo leyó) la prensa
Las reseñas editoriales y crónicas tras la absolución del expresidente convergen en dos ideas: (1) el fallo es una oportunidad para bajar la temperatura política y reafirmar el respeto a las decisiones judiciales; (2) el expediente Uribe seguirá siendo un parteaguas en la memoria pública. En ese marco, mantener a un ministro que fue protagonista de la controversia erosiona esa oportunidad.
La renuncia que el Gobierno debería aceptar
Un ministro de Justicia no puede ser, al mismo tiempo, juez y parte en el litigio simbólico más importante de los últimos veinte años. La absolución del expresidente no borra las sombras del conflicto interno, pero sí redefine responsabilidades: quien encabeza la cartera debe blindar el debido proceso y la autonomía judicial, no convertirse en motivo de recusaciones, impedimentos o batallas verbales que distraen al Estado de sus tareas. La salida honorable —renuncia acordada y relevo técnico— es la única vía para que el Gobierno recupere autoridad en la materia.
Si algo enseñan estas semanas es que la justicia no es botín ni trofeo. Es un procedimiento. Y cuando el procedimiento concluye —para absolver o condenar—, la política debe bajar la voz. La permanencia de Montealegre prolonga el barullo; su salida abriría una puerta a la institucionalidad que la propia prensa pide resguardar.
