El 24 de octubre de 2025 quedará marcado como un parteaguas en la política colombiana. Ese día, según reportaron agencias y diarios de referencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro Burgos en la lista OFAC —popularmente conocida en Colombia como la “lista Clinton”— dentro de un paquete de sanciones asociadas a ilícitos de narcóticos. La decisión, publicada en los listados de la OFAC según reportes de prensa, también habría alcanzado al ministro del Interior Armando Benedetti.
La noticia cayó como un rayo sobre Bogotá y Washington. De un lado, la administración estadounidense —en una línea de endurecimiento que ya venía mostrando— justificó la medida por el deterioro de los indicadores del narcotráfico y por el presunto “florecimiento” de estructuras criminales bajo el actual gobierno. Del otro, Petro calificó la sanción como una “paradoja”, reivindicó su historial contra las mafias y anunció que dará la pelea en las instancias jurídicas correspondientes. La tensión bilateral, ya elevada tras recientes anuncios de suspensión de ayudas y eventuales aranceles, escaló a niveles inéditos.
¿Qué significa entrar a la OFAC?
Más allá del ruido político, conviene explicar el alcance práctico. La OFAC (Office of Foreign Assets Control) administra sanciones financieras de Estados Unidos: estar designado implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción norteamericana y la prohibición para personas y empresas estadounidenses de realizar transacciones con los sancionados. Esa es la médula de la llamada “lista Clinton”, que en Colombia se volvió sinónimo de muerte civil en el sistema financiero global.
Para un jefe de Estado en ejercicio, el simbolismo es demoledor. Las sanciones no dependen de procesos penales locales ni de sentencias judiciales; son decisiones administrativas de política exterior y seguridad nacional de EE. UU. Sus efectos alcanzan a corresponsales bancarios, contratos internacionales, acceso a mercados y hasta servicios tan básicos como pagos de plataformas con presencia estadounidense.
Verónica Alcocer García
Gustavo Petro Urrego
Nicolás Petro Burgos
Armando Benedetti Villaneda
Tres lecturas inevitables
1) La institucional:
El sistema político colombiano deberá procesar la anomalía de un presidente en ejercicio sancionado por la principal potencia financiera. En términos estrictamente jurídicos internos, una designación OFAC no destituye ni inhabilita; pero sí condiciona la gobernabilidad: complica girar recursos provenientes o procesados por infraestructura con trazas estadounidenses, nubla emisiones y operaciones con banca internacional y expone a terceros —públicos y privados— a riesgos de cumplimiento. Ese frío de la banca suele sentirse antes que cualquier debate doctrinal.
2) La geopolítica:
La decisión cristaliza el divorcio entre dos visiones de la “guerra contra las drogas”. Washington pide resultados rápidos medidos en hectáreas erradicadas, interdicciones y decomisos; Bogotá alega que ese libreto fracasó durante décadas y que el énfasis debe estar en el mercado, el lavado y el gran capital. Cuando la diplomacia falla, entran las sanciones: son un mensaje a élites políticas y económicas —no sólo al gobernante— sobre los costos de alinearse a un enfoque u otro.
3) La personalización del conflicto:
Que Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos figuren en el mismo paquete redibuja el campo de batalla. No es sólo el presidente: es el “entorno”. En democracias polarizadas, esa personalización cosecha efectos búmeran: energiza a las bases propias (“todos contra nosotros”) y endurece a las ajenas (“lo sabíamos”). El riesgo es que el país pase de discutir políticas públicas a intercambiar agravios familiares.
¿Y ahora qué?
A corto plazo, veremos litigios, intentos de “licencias” o aclaraciones administrativas, y un terremoto de compliance en bancos, contratistas y multilaterales. En paralelo, la oposición buscará traducir el golpe reputacional en capital político, mientras el gobierno intentará encapsularlo como una injerencia externa que prueba su independencia. El calendario no perdona: presupuestos, reformas y ejecución dependen de que el Estado colombiano mantenga canales financieros despejados.
Para la opinión pública, el reto es mayor: exigir pruebas, trazabilidad y transparencia. Las sanciones de la OFAC se sostienen —cuando se sostienen— en expedientes robustos. El gobierno tiene derecho a defenderse; la ciudadanía, a conocer evidencias. Lo que no admite prórroga es el deber de proteger la economía real de daños colaterales: nóminas, pagos a proveedores, programas sociales y relaciones con aliados.
Cuando el “afuera” determina el “adentro”
Colombia sabe, por experiencia, que las decisiones de Washington no se quedan en el papel. Cuando una designación toca a la Presidencia, el mensaje viaja en segundos por los circuitos financieros del mundo. El país debe discutir con serenidad y rigor qué política antidrogas quiere y puede sostener. Pero negar la gravedad de este episodio sería un acto de autoengaño. Hoy, la lista OFAC dejó de ser un fantasma que asusta a terceros: entró por la puerta grande al Palacio de Nariño. Y, nos guste o no, desde ahí reordenará prioridades, alianzas y discursos.
