La elección del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, no solo zanjó una disputa política: también dejó al desnudo una preocupante pulsión presidencial por deslegitimar, con insultos y teorías conspirativas, cualquier decisión que no se ajuste a su voluntad.
Los hechos (que importan)
En plenaria del Senado, Camargo obtuvo 62 votos y se impuso frente a María Patricia Balanta, la candidata a la que se inclinó públicamente el Gobierno, que alcanzó 41 votos; el tercer postulado, Jorge Humberto Tobar, no recibió apoyos.
Más que una puja personal, estaba en juego el equilibrio interno de la Corte para los próximos años, en un contexto donde, desde el oficialismo, algunos han coqueteado con la idea de reelección y hasta de una Asamblea Constituyente.
La reacción del Presidente: del desacuerdo al agravio
Desde el exterior, el presidente Gustavo Petro optó por un discurso de deslegitimación. En X acusó al Senado de “excluir a la mujer y a la negra” y lanzó un dardo directo: “Mentirosos, sucios”. Añadió que el país “retrocede al abuso” con la llegada de Camargo y remató: “El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”.
No hay una sola prueba en esas descalificaciones. Lo que sí hay es un Senado que, con mayorías claras, ejerció su competencia constitucional para escoger un magistrado entre una terna. Que al Presidente no le agrade el elegido no convierte la elección en “felonía”; convertir el desacuerdo democrático en linchamiento moral es una mala costumbre que empobrece el debate público.
El gobierno en modo pataleta
Como corolario del berrinche, vino la crisis exprés en Palacio: la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, pidió la renuncia de tres ministros —Trabajo (Antonio Sanguino), TIC (Julián Molina) y Comercio (Diana Marcela Morales)— tras el revés en el Capitolio. Es decir, se pretende ajustar el gabinete no para gobernar mejor, sino para castigar la falta de obediencia política de partidos aliados en una votación que, por diseño, le pertenece al Congreso, no al Ejecutivo.
Por qué el Senado acertó
- Separación de poderes. El Senado no está para refrendar ternas “bendecidas” por la Casa de Nariño, sino para deliberar y decidir. Esta vez lo hizo con una mayoría robusta y verificable (62–41–0).
- Contrapesos reales. La Corte no es un apéndice del gobierno de turno, este ahora muestra composiciones mixtas e independientes, no estando “capturado” por ningún bando.
- Señal institucional. En vez de ceder a la presión presidencial, el Congreso envió el mensaje correcto: las sillas de la Corte no se transan al vaivén del ejecutivo de turno.
Lo que sí debería preocupar
No es sano que un jefe de Estado racialice y personalice una derrota parlamentaria, menos con adjetivos como “sucios”. Tampoco que, ante cada freno institucional, se atice la narrativa de que el país retrocede al “duquismo”, al “cartel de la toga” o al “clientelismo”. Es una estrategia retórica conocida: desacreditar el árbitro cuando el marcador no favorece.
La democracia no se mide por cuántas veces gana el gobierno, sino por cuántas veces acepta perder sin insultar instituciones ni incendiar la plaza pública. El Senado hizo su trabajo, y al Presidente le corresponde hacer el suyo: gobernar y respetar los contrapesos. Y a la oposición —esta columna incluida— recordarle al país que la independencia judicial es patrimonio común, no botín de campaña.
