En la tarde de hoy, se conoció de la captura de varios exfuncionarios públicos en la ciudad de Medellín, el caso se deriva de convenios entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí: seis contratos por $17.654 millones, firmados entre 2020 y 2021, que hoy son el corazón de un proceso penal y de tres capturas que sacuden la política metropolitana.
La veeduría Todos por Medellín denunció en mayo de 2024 presuntas malversaciones por cerca de $6.000 millones asociadas a esos convenios, tras una “larga batalla legal” para acceder a los expedientes: tutelas, incidentes de desacato y todo el arsenal jurídico para obligar a que aparecieran los soportes que deberían haber sido públicos desde el principio. Que una organización ciudadana tenga que llegar tan lejos para conocer cómo se gastó el dinero es, por sí mismo, un marcador rojo institucional.
Los contratos, suscritos bajo la dirección de Juan David Palacio Cardona en el AMVA, tenían objetos tan disímiles como la compra de kits, cursos y hasta viajes al exterior para 25 socorristas (Contrato 984 de 2021), así como 3.000 paquetes de camisetas, gorras y tapabocas (Contrato 982 de 2021). La lista es precisa: 878 y 1011 de 2020; 481, 522, 982 y 984 de 2021. La comparación con otros referentes duele: mientras el AMVA transfirió a Itagüí más de $14.500 millones solo hasta 2021, los Bomberos de Medellín reportaron $4.000 millones en formación entre 2019 y 2020. ¿Criterios técnicos o discrecionalidad con chequera ajena?
El patrón: sobrecostos, subcontrataciones y silencios administrativos
La denuncia no habla en abstracto. Señala sobrecostos, fallas de interventoría y actividades sin soportes de ejecución. Incluso, en la operación de los convenios Itagüí subcontrató a los Bomberos de Cali para cursos de alto nivel, lo que derrumba el argumento de que se escogió a Itagüí por su “capacidad técnica superior”. Si la entidad contratada debe contratar a otra para cumplir, ¿dónde estaba el estudio previo que justificara la selección?
La posterior captura de Misael Alberto Cadavid Jaramillo—exdirector de los Bomberos de Itagüí—; Yaneth Rúa García, funcionaria del AMVA; y Elkin de Jesús González, también exrepresentante legal del cuerpo bomberil, se sustenta justamente en esas presuntas irregularidades. Más grave aún: al escarbar en los expedientes, aparecen diferencias de precios sin soporte técnico para requerimientos similares. Un ejemplo desnudo: el requerimiento PP0149 costó $13.927.677, mientras el PP0402, para un servicio comparable, se pagó en $6.240.000. Nadie explicó por qué. Ese tipo de asimetrías, si no se justifican con estudios y cotizaciones, son gasolina para la Fiscalía y, sobre todo, para la indignación pública.
Los nombres propios y el contexto político
Los contratos se firmaron durante la administración del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Cadavid, además de su trayectoria como socorrista, carga un lastre político y judicial: fue investigado por un contrato de parqueaderos en el Hospital La María y, según las versiones recogidas por la prensa, tendría cercanía con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y con el exGobernador Luís Pérez Gutiérrez. No es un detalle menor: cuando los hilos del poder local y regional aparecen anudados alrededor de convenios públicos, el control fiscal deja de ser una formalidad y se convierte en una necesidad democrática.
En el trasfondo, también pesan los audios filtrados en 2021 donde Cadavid presumía apoyos políticos desde la Alcaldía para aspiraciones electorales, y su imputación en 2024 en un proceso aparte junto con el exconcejal Lucas Cañas. Si bien estos hechos pertenecen a expedientes distintos, ayudan a explicar por qué la veeduría y la opinión pública encendieron las alarmas cuando vieron el volumen y la orientación de los contratos.
