Medellín y la “vía rápida” de la contratación

Cuando el atajo se vuelve regla

En 2024, la Alcaldía de Medellín convirtió la contratación directa en norma: 1.428 contratos, 80,6% del total. Es legal bajo causales específicas, pero cuando se vuelve hábito erosiona competencia, transparencia y valor por dinero. La propia Contraloría lo registra como “hecho relevante” en su informe preliminar y advierte la necesidad de fortalecer planeación, transparencia y control.

Del instrumento excepcional a la práctica dominante

La contratación directa está pensada para situaciones excepcionales (urgencia, convenios interadministrativos, proveedor único). En Medellín dominó el 2024: 80,6% de procesos y 1.428 contratos. ¿Efecto inmediato? Menos pluralidad de oferentes, menos presión competitiva sobre precios y calidad; más riesgo de decisiones discrecionales. La Contraloría plantea expresamente que hay que abrir los procesos y elevar estándares de planeación y trazabilidad.

Interadministrativos de fin de año: cumple la caja, no la meta

El informe deja otra alerta: contratos interadministrativos hacia el final de la vigencia que cumplen en el renglón presupuestal, pero no alcanzan la meta física, afectando la eficacia de la gestión. Traducido: la ejecución “corre” por caja, no necesariamente por resultados.

Planeación débil: cuando faltan estudios, faltan precios (y controles)

La cadena de problemas se repite:

  • Falta de publicidad de los APU (análisis de precios unitarios) y documentos precontractuales en SECOP II en procesos de la Secretaría de Suministros y Servicios. Impacto: se vulnera el principio de publicidad y se limita el control ciudadano.
  • Adiciones mal planeadas (caso Metrosalud 4600101058): terminan con recursos sin ejecutar y evidencia de planeación financiera y operativa deficiente.
    INFORME PRELIMINAR AFYG Y RESUL…
  • Ausencia de tres cotizaciones en compras logísticas (p. ej., contrato interadministrativo 4600101742 y otros): se incumple el deber mínimo de estudios de mercado y se debilita el principio de economía.

Supervisión e interventoría: informes incompletos y pagos sin soporte

Incluso cuando el proceso se adjudica, la verificación falla:

  • Informes de supervisión incompletos o en formato editable publicados en SECOP (con resaltados y campos vacíos), lo que no garantiza integridad ni confiabilidad del contenido.
  • Pagos anteriores al informe de supervisión en múltiples contratos de Inclusión Social: se paga sin el soporte técnico y financiero debido.

    El propio manual de contratación distrital exige que la supervisión siga de cerca la ejecución, anticipe riesgos, corrija a tiempo y resguarde calidad; exigencia que aquí no siempre se cumple.

Más allá del formalismo

  • Menos competencia = más costo/menos calidad. Sin pluralidad de oferentes, la administración pierde palancas para obtener mejores condiciones.
  • Riesgo de “cumplimiento de papel”. Los interadministrativos al cierre maquillan la ejecución presupuestal, pero no garantizan resultados.
  • Transparencia debilitada. Cuando no se publican APU ni se soportan precios, el control social queda cojo.

Qué debería cambiar ya 

  1. Meta pública de apertura: bajar la contratación directa por debajo de 50% en 24 meses. Publicar justificación de causal, estudios de mercado y APU completos en SECOP.
  2. Regla de tres cotizaciones con evidencia digital estandarizada y verificable; rechazar compras que no cumplan.
  3. Supervisión con dientes: no más pagos sin informe y formatos cerrados (PDF firmados); auditorías aleatorias trimestrales sobre integridad de evidencias.
  4. Cierre de vigencia sin “carrusel” interadministrativo: filtros previos para evitar compras de última hora que inflan la ejecución sin entregar resultados.

Medellín pasó el examen contable en 2024, pero el modelo de compras deja un mensaje incómodo: cuando la contratación directa deja de ser excepción y se convierte en atajo sistemático, el costo lo paga la ciudad en precio, calidad y confianza. La Contraloría ya dejó las señales. Falta que la administración cambie la práctica, abra la cancha a la competencia y demuestre, con evidencia pública y verificable, que cada peso rinde lo que promete.

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