La generación que se quedó sin razones (y sin coherencia) para marchar
Durante el estallido social de 2019–2021, miles de jóvenes —sobre todo de izquierda— se jugaron la vida en las calles. Marcharon contra la reforma tributaria, contra los aumentos en gasolina, contra el alza del transporte, contra el costo del gas y contra el modelo del Icetex. Muchos perdieron ojos, otros nunca regresaron a casa. Organizaciones médicas y de derechos humanos reportaron más de 100 personas con traumas oculares y decenas de muertos en el marco de las protestas.
Ese sacrificio se vendió como la épica de una generación que “parió un nuevo país” y ayudó a elegir al gobierno que hoy ocupa la Casa de Nariño. Pero, tres años después, los mismos jóvenes ven cómo ese gobierno hizo, con cifras mucho más duras, exactamente aquello que ellos salieron a bloquear carreteras para impedir. Y esta vez, curiosamente, casi no hay cacerolas ni marchas: hay curules, contratos y bodegas digitales.
Ayer: los aumentos que incendiaron el país
Bajo el gobierno de Iván Duque, el precio de la gasolina subió, sí, pero dentro de un rango relativamente acotado. En 2018, el galón pasó de unos $8.494 a $9.133, un incremento cercano al 7,5 % (unos $639). En la mayoría del periodo 2018–2022 el precio se mantuvo alrededor de los $8.500–$9.000 por galón, gracias a una política de congelamiento que evitó alzas más fuertes.
Para julio de 2022, cuando Duque ya se despedía del poder, el precio promedio en las 13 principales ciudades era de $9.180 por galón de gasolina corriente.Fue en ese contexto que el Paro Nacional de 2021 estalló contra la reforma tributaria, contra la precariedad laboral y contra el Icetex, que era señalado como símbolo de un modelo que endeudaba de por vida a los estudiantes. El pliego incluía explícitamente el retiro de la reforma al Icetex.
En resumen: con un galón de gasolina en el entorno de $9.000, con alzas acumuladas relativamente moderadas, el país ardió. Hubo bloqueos, muertos, heridos y una narrativa generacional según la cual ningún aumento era aceptable porque “el pueblo no aguantaba más”.
Hoy: los aumentos que ya no indignan
Veamos ahora los números bajo el gobierno que esos jóvenes ayudaron a elegir.
1. Gasolina: del rechazo a la resignación
- Final de Duque (julio de 2022):
Precio promedio gasolina corriente: $9.180/galón. - Gobierno Petro (enero de 2024):
Precio promedio nacional: $15.164/galón. - Gobierno Petro (octubre de 2025):
Nuevo incremento de $100 dejó el promedio en $15.968/galón.
Es decir, del cierre de Duque al nivel actual, el galón pasó de $9.180 a $15.968: subió $6.788, un aumento cercano al 74 % en poco más de tres años.
Mientras tanto, durante 2018–2022, el combustible se había movido dentro de un rango de $8.500–$9.000, con incrementos acumulados de alrededor de 8–10 % en varios años.
Lo que con Duque fue motivo de paros y bloqueos por alzas de cientos de pesos, con Petro se ha convertido en un silencio casi reverencial frente a alzas de miles de pesos en nombre de “cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”, que llegó a $36,7 billones en 2022.
2. Transporte: el pasaje también marchó… hacia arriba
Tomemos el caso de Bogotá como ejemplo de transporte urbano masivo:
- 2019 (Duque): pasaje TransMilenio: $2.400.
- 2020–2021 (Duque): $2.500.
- 2022 (todavía Duque hasta agosto): $2.650.
Es decir, de 2019 a 2022 el pasaje subió $250 (de $2.400 a $2.650), alrededor de un 10 %.
Ya con Petro en la Presidencia y nuevas administraciones locales:
- 2023–2024: tarifa a $2.950.
- Desde enero de 2025: la tarifa unificada de TransMilenio y SITP quedó en $3.200, un aumento de $250 (8,47 %) frente a 2024.
Entre 2022 y 2025, el salto fue de $2.650 a $3.200: $550 más, es decir, un incremento de alrededor del 21 % en tres años. Si comparamos 2019 vs. 2025, el pasaje pasó de $2.400 a $3.200: un 33 % más caro.
Y eso sin contar el golpe de los peajes, cuyos incrementos acumulados en año y medio rondan el 27,5 % según la prensa económica.
3. Gas domiciliario: la factura que se disparó
En materia de gas natural por redes, estudios académicos muestran que, entre 2018 y 2025, las tarifas al usuario han aumentado más de 70 %.En 2025, millones de usuarios (sobre todo en Bogotá y Cundinamarca) se encontraron con un aumento del 36 % en el recibo, pasando, por ejemplo, de pagar alrededor de $38.000 a unos $52.000 mensuales por el mismo consumo.
Solo más tarde la Superintendencia obligó a la empresa Vanti a devolver parte de lo cobrado indebidamente, reconociendo que el alza fue excesiva.Pero el golpe ya estaba dado.
4. Icetex: del “acaben el Icetex” al “no hay plata para el subsidio”
Durante el Paro Nacional, uno de los gritos más repetidos era “¡acabemos el Icetex!” y “¡no más deudas impagables!”. El Icetex se convirtió en símbolo de injusticia intergeneracional.
¿Qué pasó con el gobierno “de los jóvenes” que prometía aliviar esa carga?
- Se lanzó un “Plan de oportunidades” que ofrece condonación de entre 60 % y 80 % del capital, más el 100 % de los intereses corrientes y moratorios, para ciertos beneficiarios que lleguen a acuerdos de pago.
- Pero, en paralelo, el subsidio a la tasa de interés que permitía créditos a 0 % fue desmontado tras una decisión de la Corte Constitucional y por razones fiscales. Desde 2025, el Icetex anunció que no seguiría otorgando ese beneficio, lo que implica para muchos jóvenes cuotas considerablemente más altas, incluso cercanas a duplicarse en algunos casos.
Es decir: hubo alivios parciales y temporales para algunos, pero el esquema de endeudamiento continúa y, para otros, se encareció. La promesa de enterrar el modelo de crédito educativo no se cumplió; se administró la crisis y se trasladó otra vez la factura al deudor y al contribuyente.
La épica y la factura: ojos, vidas y silencio
Mientras estos números crecen, el recuerdo de quienes pusieron el cuerpo en la calle se va diluyendo. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Médica Colombiana hablan de más de 100 personas con traumas oculares en el Paro Nacional de 2021, producto del uso indebido de armas “menos letales” por parte del ESMAD.
La CIDH documentó también decenas de muertos asociados directamente a las manifestaciones. Una generación perdió ojos, dientes, movilidad, tranquilidad psicológica, y muchos otros perdieron la vida.
Y por qué marchaban esos jóvenes: para impedir reformas tributarias regresivas, alzas en combustibles, encarecimiento del transporte, abusos del Icetex y un modelo económico que —decían— solo servía a “los de arriba”.
Paradójicamente, el gobierno que ayudaron a encumbrar ha terminado implementando buena parte de esos ajustes, pero con una narrativa invertida: ahora se justifican en nombre de la “justicia social”, del “déficit heredado” y, más recientemente, de una crisis fiscal que roza el récord, con un déficit que pasó de 4,2 % del PIB en 2023 a 6,7 % en 2024 y podría seguir subiendo si no se aprueba una nueva reforma tributaria.
La épica quedó, pero la factura también. Y la pagan, otra vez, los mismos ciudadanos que en 2021 salieron a marchar.
De la calle al Congreso… y a los contratos
Hay otra diferencia sustancial entre el antes y el después: los incentivos personales.
Una parte de esos jóvenes más visibles —los de la primera línea mediática, no el muchacho anónimo del barrio— hoy no están en los puentes ni en los bloqueos, sino en el Congreso, en las listas del Pacto Histórico o en nóminas del Estado como contratistas de “estrategia digital”, “pedagogía de reformas” y otros eufemismos creativos.
No es teoría conspirativa: informes de la FLIP y diversos medios han documentado que el Gobierno Petro ha destinado cientos de millones de pesos en contratos para influenciadores que defienden la gestión en redes y atacan a la oposición. Solo en dos años, se calculan más de $662 millones en influencers desde entidades como RTVC y Colombia Compra Eficiente.Otras investigaciones hablan de una inversión superior a $2.300 millones en “bodegas digitales” pro-gobierno.
En paralelo, la propia coalición de gobierno presume como parte de su fórmula ganadora la incorporación de influenciadores jóvenes —muchos de ellos protagonistas de la ola petrista en redes— a listas al Congreso y consultas internas, donde han obtenido votaciones significativas.
Dicho sin maquillaje: varios de los que antes tuiteaban “la bodega llora” hoy no solo no lloran: facturan. Pasaron de ser “rebeldes contra el sistema” a piezas clave de una maquinaria de comunicación oficial que se paga con recursos de todos, incluidos muchos que no votaron por este gobierno.
Menos argumentos para quemar llantas
Frente a este panorama, a la generación de la protesta le quedan cada vez menos argumentos para volver a quemar llantas por lo mismo que hoy avala en el poder.
Si salieran a protestar hoy por el precio de la gasolina, tendrían que explicar por qué bloquearon el país con el galón a $9.000 pero guardan silencio con el galón cerca de $16.000.
Si marcharan contra el Icetex, tendrían que admitir que el gobierno que ayudaron a elegir no desmontó el modelo de deuda, sino que lo maquilló y, en algunos casos, encareció las cuotas.
Si volvieran a trinar contra las alzas del transporte, tendrían que reconocer que el incremento del pasaje ha sido más acelerado en los años recientes que en buena parte del gobierno anterior.
En lugar de esa autocrítica, la jugada ha sido otra: cambiar de plaza, del asfalto al Congreso, del tropel a la comisión séptima, del megáfono a la cuenta verificada y el contrato de prestación de servicios. Y cuando se convoca a un nuevo paro, como el de mayo de 2025, ya no es contra el gobierno sino con el gobierno, para presionar al Congreso a aprobar sus reformas.
La rebelión dejó de ser contra el poder y pasó a ser un instrumento de ese poder.
¿Qué nos queda como país?
No se trata de idealizar al gobierno anterior ni de negar sus errores, se trata de algo más básico: coherencia.
Si los aumentos en gasolina, transporte y gas eran inaceptables cuando venían con el sello de un gobierno de derecha, deberían ser igual de inaceptables cuando vienen impulsados por un gobierno de izquierda. Si el Icetex era una máquina de endeudar pobres cuando gobernaba otro, sigue siéndolo cuando el que manda es “uno de los nuestros”. Y si las bodegas pagadas con recursos públicos para moldear la opinión eran escándalo cuando las usaba la derecha, también lo son ahora que las usufructúa la izquierda.
Los jóvenes que perdieron ojos y vidas merecen algo más que ser pie de página en la historia de una campaña exitosa. Merecen que, al menos, no se use su sacrificio para justificar la misma subida de gasolina, los mismos peajes, la misma precariedad laboral y el mismo clientelismo comunicacional que tanto denunciaron.
Porque, de seguir así, lo único que habrá cambiado no será el modelo, sino los apellidos en las nóminas. Y la generación que prometió “no repetir la historia” terminará escribiendo la misma, solo que esta vez en versión 4K y con hashtags patrocinados.
