En Colombia hay palabras que se usan para explicar y palabras que se usan para dominar. “Rescate” pertenece a la segunda categoría cuando se aplica a la Universidad de Antioquia (UdeA). Porque una cosa es reconocer una crisis real —profunda, dolorosa, acumulada— y otra muy distinta es vender como gesta heroica lo que, en el mejor de los casos, es el cumplimiento tardío de deberes públicos y, en el peor, la instrumentalización política de una institución autónoma.
La crisis financiera existe. A dos meses de cerrar 2025, la propia rectoría y diversas fuentes periodísticas coincidían en una cifra que se volvió símbolo: la UdeA necesitaba alrededor de $148.000 millones para cumplir obligaciones de fin de año. En paralelo, la Universidad reportó medidas de contención, venta de activos no misionales y nuevos créditos para sostener la caja y la nómina.
Pero aquí aparece la primera trampa: confundir crisis con permiso para someter.
No es “rescate” si es obligación
La UdeA, en un comunicado oficial sobre su cierre financiero de 2025, recordó algo esencial: según la Ley 30, Nación y Departamento deben destinar recursos para su funcionamiento, y señaló que en 2025 “han venido realizando las transferencias” definidas por los artículos 86 y 87, aunque son insuficientes para el tamaño de una universidad moderna.
Ese punto cambia el encuadre. Si los giros legales se están haciendo, no hay “rescate”: hay un sistema desfinanciado que obliga a malabares administrativos y a buscar caja donde no debería buscarse (créditos, ventas, “fondos especiales”). Y si, además, el Gobierno anuncia recursos “extra” al borde del cierre fiscal, la pregunta no es “¿quién salvó a quién?”, sino “¿por qué el país normaliza que lo esencial llegue a última hora?”.
El verdadero riesgo: convertir la chequera en palanca de control
El debate se enciende cuando el auxilio financiero —o su promesa— se mezcla con decisiones de inspección y vigilancia que, aunque existen en el ordenamiento, tocan el nervio de la autonomía universitaria.
En 2025 se reportó la figura de vigilancia especial, con presencia permanente de un inspector y medidas que, según versiones de prensa, han generado tensiones internas por la percepción de intromisión.
Y el punto más delicado llegó al cierre del año: en su propia sección de comunicados, el Ministerio de Educación anunció que, dentro del proceso de inspección y vigilancia, adoptó una medida administrativa que “contempla el reemplazo del Rector y Representante Legal” de la Universidad de Antioquia (30/12/2025).
Ahí el “rescate” se vuelve un relato peligrosamente conveniente: primero te pongo bajo lupa, luego te cambio la cabeza, y después anuncio el giro. La cronología no prueba por sí sola una ilegalidad, pero sí alimenta —con razón— la sospecha política: la idea de que la autonomía se negocia con transferencias.
“Plan de salvamento”: el eslogan que puede tapar el fondo
El presidente Petro ha usado reiteradamente el lenguaje del “salvamento” de la UdeA, incluso con reproches a autoridades regionales, y con anuncios de respaldo.
Pero el país debería desconfiar de los gobiernos —de cualquiera— cuando hablan como protagonistas de una película de héroes para narrar lo que es, en realidad, una política pública. La universidad pública no es un barco ajeno al Estado al que el Estado “rescata” cuando quiere: es parte del Estado social de derecho. La educación no se “salva” con discursos; se sostiene con reglas previsibles, financiación suficiente y respeto por el autogobierno.
Lo que sí sería un rescate:
Si el Gobierno quiere que la palabra “salvamento” deje de ser propaganda y empiece a ser política seria, hay una ruta mínima:
- Giros oportunos y verificables (no épica de última hora).
- Acuerdos plurianuales de financiación que reduzcan la dependencia de créditos y ventas de activos.
- Reforma estructural del modelo de financiación (porque la insuficiencia no la inventó 2025).
- Transparencia interna y externa, auditorías y responsabilidades claras (la crisis también exige autocrítica institucional).
- Autonomía sin chantajes: la inspección y vigilancia no puede convertirse en “gobierno universitario” por la puerta de atrás.
La UdeA no necesita salvadores. Necesita un Estado que cumpla sin posar, y un sistema político que entienda que la autonomía universitaria no es un adorno constitucional: es la condición para que el conocimiento no termine de rodillas ante el poder.
