Las redes del Estado están para informar y servir, no para amplificar consignas. Dos publicaciones recientes en X —desde las cuentas institucionales de Migración Colombia y del Servicio Geológico Colombiano— reviven una vieja mala práctica: usar canales oficiales para replicar el discurso político del presidente contra la Nueva EPS bajo la etiqueta #SeRobaronLaSalud.
La cuestión no es menor ni de “forma”. Es de finalidad pública. Migración Colombia administra el control migratorio y servicios al viajero y al extranjero; el SGC monitorea amenazas geológicas y divulga ciencia aplicada para la gestión del riesgo. Son misiones técnicas y de servicio, no de propaganda. Cuando estas cuentas se suman a campañas de señalamiento político —por más populares o “tendencia” que sean—, desdibujan su razón de ser y erosionan la confianza ciudadana.
Lo que dicen las reglas (y el sentido común)
No hay que rebuscar: la Circular 01 de 2019 de la Presidencia establece que las redes de entidades de la Rama Ejecutiva “deben ser utilizadas para la difusión de mensajes netamente relacionados con asuntos gubernamentales y avances de carácter institucional”, no para reflejar opiniones ni para beneficios de terceros. Es decir, misionalidad, pertinencia y neutralidad institucional.
Además, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y conceptos de Función Pública recuerdan que los servidores públicos no pueden realizar actividades proselitistas en redes. Aunque el caso de marras no sea campaña electoral, la frontera entre difusión institucional y militancia digital es delgada cuando se usan etiquetas y encuadres propios del debate político. Ahí hay un riesgo disciplinario.
A esto se suman los lineamientos de Gobierno Digital del MinTIC, que piden usar canales oficiales como servicios de información al ciudadano (trámites, alertas, datos abiertos) con criterios de calidad, oportunidad y archivo público. Traducido: menos consignas; más datos, alertas y servicio.
El encuadre político: legítimo… pero no desde esas cuentas
Que el presidente Gustavo Petro insista —con palabras y eslóganes— en que “se robaron” recursos del sistema de salud hace parte de su disputa política y de política pública. Lo ha repetido en X y en intervenciones públicas durante meses, en el marco de la intervención y crisis de la Nueva EPS y de su reforma sanitaria. Ese pulso puede y debe debatirse; pero no es función de Migración ni del SGC ser corifeos digitales de esa narrativa.
Si el Gobierno quiere respaldar su tesis, que lo haga desde canales sectoriales competentes (MinSalud, Supersalud) y con pruebas verificables (informes de Contraloría, autos y actos administrativos). No desde las cuentas que deberían estar avisando sobre requisitos de Check-Mig, entrega de cédulas de extranjería, o reportando sismos y alertas volcánicas.
Daños colaterales: credibilidad y servicio
Se sacrifica la utilidad pública. Cada tuit institucional que empuja una consigna política desplaza un mensaje urgente: cambio de horarios en puestos de control, cierres de oficinas, pasos fronterizos o un temblor que amerita información técnica. El costo de oportunidad es real.
Se contamina la evidencia. El debate sobre la Nueva EPS está lleno de cifras, medidas de intervención y litigios. Si cuentas técnicas se suman al coro político, el ciudadano ya no distingue entre dato oficial y consigna.
Se expone a la entidad. Los administradores de redes y los directivos quedan a tiro de cuestionamientos disciplinarios por quiebre de neutralidad, algo que la Procuraduría y Función Pública han advertido especialmente para redes sociales.
Un Estado que se respeta no hace “trending” con sus sirenas
No se trata de “censurar” al poder, sino de delimitar sus canales. El presidente y sus ministros pueden dar la pelea política desde sus cuentas personales o sectoriales, con datos y responsabilidad. Pero las cuentas de Migración Colombia y del Servicio Geológico Colombiano deben permanecer como instrumentos de servicio, no como megáfonos de una consigna —esta semana #SeRobaronLaSalud, mañana la que sea—. Un país serio cuida sus alarmas y sus trámites de la contaminación del ruido político. Y sus redes oficiales, también.
