Hay decretos que nacen para ordenar, y otros que nacen para apagar incendios. El proyecto que está sobre la mesa pertenece, sin duda, al segundo grupo: parte de la “gravedad de la crisis económica” y justifica un paquete de medidas tributarias para obtener ingresos “de manera inminente”, combinando nuevos gravámenes para 2026 con alivios transitorios que buscan acelerar el recaudo y desatascar pleitos.
Eso, en sí mismo, no es una sorpresa: cuando la caja aprieta, el Estado suele acudir al mismo libreto: apriete selectivo + amnistía parcial. Lo novedoso está en dónde aprieta, a quién invita a “ponerse al día”, y qué incentivos deja sembrados para el futuro.
La lógica del decreto: gravar lo que fluye y perdonar lo que estorba
El proyecto apuesta por dos frentes. Primero, tocar consumos y sectores donde el recaudo es relativamente rápido: IVA y consumo en licores, apuestas en línea, tabaco y derivados, y un ajuste que golpea el e-commerce de bajo valor. Segundo, ofrecer una salida “con descuento” a quienes arrastran omisiones, sanciones o litigios: reducción de sanciones e intereses, conciliaciones y normalización.
Hasta aquí, el planteamiento suena pragmático: recaudar rápido sin desgastar aún más la economía formal. El problema es que, como país, ya hemos visto este guion demasiadas veces… y sabemos cómo termina: el contribuyente cumplido siente que paga el costo de la “cultura del descuento”, y el incumplido aprende que la paciencia suele ser rentable.
Los cambios que más se van a sentir (y por qué)
1) IVA y consumo: el golpe silencioso al bolsillo
Licores con IVA del 19% en 2026. El proyecto propone gravar con IVA del 19% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores durante 2026 (manteniendo la cesión de 5 puntos a los departamentos) e incorpora intercambio de información entre DIAN y haciendas departamentales.
En la práctica, esto tiene una lectura simple: el Estado quiere recaudo, y el consumidor terminará pagando. En mercados con informalidad (y contrabando), el riesgo es obvio: encarecer el canal legal puede empujar consumo hacia lo ilegal, especialmente en zonas donde la fiscalización real no alcanza.
Apuestas por internet con IVA. Para 2026, los juegos de suerte y azar operados por internet (incluidos operadores desde el exterior) quedarían gravados con IVA sobre el GGR (apuestas menos premios pagados).
Aquí el debate no es moral; es económico: el IVA terminará reflejándose en peores condiciones para el usuario (menor retorno, más costo por jugar) y en incentivos para migrar a plataformas no reguladas si el diferencial se vuelve atractivo.
El “minimis” se vuelve realmente mínimo: solo hasta USD 50. En 2026 la exclusión de IVA para importaciones por envíos rápidos o tráfico postal aplicaría únicamente hasta USD 50.
Este cambio puede gustarle al comercio formal —y con razón—, pero para personas naturales implica un mensaje contundente: comprar afuera barato será más difícil. Y para el Estado, el objetivo es claro: cerrar un hueco que se volvió autopista.
2) Patrimonio: el regreso del impuesto que siempre vuelve
El proyecto establece impuesto al patrimonio para 2026 si el patrimonio líquido al 1 de enero de 2026 es igual o superior a 40.000 UVT, con una tabla progresiva cuya tarifa marginal llega hasta 5% en los tramos más altos.
En el papel suena justo: pagar más quien más tiene. En la realidad aparecen los clásicos problemas: patrimonios ilíquidos (activos sin caja), disputas de valoración, y un incentivo inmediato a la planeación agresiva. Es un impuesto que recauda, sí, pero que también litiga.
3) Sector financiero: 50% y anticipo total (el costo se filtra al crédito)
Para 2026, se obliga a liquidar 15 puntos adicionales en renta para los sujetos del parágrafo 2 del artículo 240 E.T., quedando una tarifa total del 50%, y con un anticipo del 100% sobre esos puntos.
Esta medida tiene dos lecturas. La política: “que pague el que tiene más capacidad”. La económica: el sistema financiero, como cualquier industria, tiende a trasladar costos. Si la presión fiscal aumenta, el riesgo es que lo terminemos viendo —de forma difusa pero real— en el precio del crédito, en comisiones o en menor apetito de financiación.
4) Extractivos: impuesto “especial” del 1% para estabilidad fiscal
Se crea un impuesto temporal para 2026 sobre hidrocarburos y carbón (partidas 27.09 y 27.01), con tarifa del 1%, aplicable a quienes vendan o exporten y hayan tenido renta líquida ordinaria ≥ 50.000 UVT el año anterior (sumando vinculados).
¿Recauda? Sí. ¿Es inocuo? No. En sectores cíclicos, un impuesto adicional puede afectar inversión y competitividad, especialmente si se acumula con otras cargas. El país quiere ingresos, pero también necesita sostener sectores que —nos guste o no— han financiado buena parte del presupuesto por años.
5) Tabaco y vapeo: más carga y más control en la cadena
Para 2026 se refuerzan componentes del impuesto al consumo y se incorporan con fuerza los “derivados, sucedáneos o imitadores” (incluyendo vapeadores y sistemas electrónicos con o sin nicotina), con componentes específicos y un ad valorem del 30% en ese grupo.
Además, se amplía la red de responsables y solidarios, incluso hacia eslabones como distribuidores y expendedores cuando no puedan justificar procedencia.
Aquí hay una tensión clásica: salud pública y recaudo versus contrabando y persecución al pequeño comercio. El control sin trazabilidad fuerte suele terminar castigando al más pequeño, mientras el grande se adapta.
La “oportunidad DIAN”: descuentos para quien cierre su pasado
El decreto no solo aprieta: también ofrece una salida amplia.
- Interés moratorio al 4,5% para estas figuras.
- Sanción de extemporaneidad reducida al 15% para omisiones hasta el 30 de noviembre de 2025 si se presentan hasta el 30 de abril de 2026, pagando el impuesto/retenciones sin liquidar intereses de mora en esos casos.
- Conciliación contenciosa: rebajas relevantes sobre sanciones e intereses (85% en primera/única instancia; 80% en segunda) pagando el 100% del impuesto y una fracción de sanciones/intereses, con plazos específicos.
- Normalización tributaria al 19%, con efectos amplios (no comparación patrimonial, alivios sancionatorios y penales sobre activos normalizados) y declaración independiente hasta el 31 de julio de 2026.
Si usted es contribuyente con contingencias, el mensaje es tentador: pague lo principal, cierre el pleito, respire. Para la DIAN, es una forma de convertir años de litigio en caja. Para el sistema, sin embargo, queda la pregunta incómoda: ¿cuántas veces puede premiarse el “pague tarde, pague menos” sin destruir el cumplimiento voluntario?
Quién gana y quién pierde
Gana el Estado, porque el diseño está hecho para recaudar rápido y financiar necesidades derivadas de la emergencia.
Ganan los contribuyentes con problemas, porque la puerta de salida está abierta y con descuentos grandes.
Gana parte del comercio formal, porque el “minimis” más bajo reduce competencia desleal por importación fraccionada barata
Pierden los consumidores, especialmente personas naturales, por encarecimientos selectivos (licores, compras internacionales, costos implícitos en apuestas).
Pierden grandes patrimonios con un impuesto fuerte y litigable.
Pierden sectores específicos (financiero, extractivo, cadenas de tabaco/vapeo) por mayor presión fiscal y de control, con efectos que se trasladan aguas abajo.
El punto de fondo: el costo invisible de las amnistías
El decreto puede funcionar en su objetivo inmediato: recaudar. Pero la discusión de fondo no es técnica, es cultural e institucional: cada paquete de alivios extraordinarios debilita un poco la idea de que cumplir a tiempo vale la pena.
Por eso, si este proyecto avanza, debería venir acompañado de algo más que impuestos y descuentos: una estrategia seria y sostenida de fiscalización inteligente, trazabilidad (especialmente en bienes con contrabando), y reglas que no hagan del “perdón” la política tributaria recurrente.
Porque el país no se sostiene solo con recaudo de emergencia. Se sostiene con confianza. Y la confianza, en impuestos, es lo más difícil de recaudar.
