Diciembre en Colombia ya parece un libreto repetido: mientras el país hace balances y brinda por el año que viene, en los pasillos empresariales se reza para que el decreto del salario mínimo no “se enloquezca”. Este 2025 no es la excepción: el propio Gobierno acaba de anunciar un incremento del 23% en detrimento de la capacidad económica del empleador, sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es el ritual. Es el silencio.
Silencio de un empresariado que, en público, habla en voz baja; que en privado se desahoga, pero en la esfera pública prefiere el eufemismo, la tibieza o el comunicado sin dientes. Un empresariado que se acostumbró a esperar que otro se queme: que sea “el gremio”, que sea “la ANDI”, que sea “Fenalco”, que sea “alguien con más espalda”. Y así, entre el temor reverencial, la estrategia de supervivencia o la simple conveniencia, termina arrastrado por la corriente, sin alzar la voz cuando debería estar defendiendo no privilegios, sino reglas sensatas.
La discusión no es menor: en Colombia el salario mínimo no es solo un salario. Es un ancla que termina indexando (directa o indirectamente) una cantidad de costos, tarifas, multas, aportes y precios. Por eso, cuando se decide “a punta de consigna” o “a punta de miedo”, el impacto no se queda en la nómina: se riega como tinta.
Y aquí viene lo incómodo: la pasividad empresarial alimenta esa lógica. Porque cuando quien paga la nómina renuncia a dar la batalla argumentativa —con datos, propuestas y pedagogía— deja el debate capturado por el relato más estridente: “si se oponen, es que no les importa la gente”.
El “miedo” no es excusa: es síntoma
No nos digamos mentiras. Una parte del empresariado colombiano se autocensura por tres razones:
Temor reverencial: miedo a ser señalado como “enemigo del cambio”, a quedar en la lista negra moral de la polarización, a que lo conviertan en villano de X (antes Twitter) y noticieros del petrocanal.
Supervivencia: miedo a retaliaciones informales, a trabas, a inspecciones “casuales”, a que el Estado —que debería ser árbitro— se vuelva jugador con silbato.
Conveniencia: el cálculo frío: “mejor no me meto; a mí me va bien; que otros peleen”.
El resultado es devastador: una sociedad donde el empresariado se comporta como un actor secundario de su propia película, aceptando que lo retraten como avaro o indolente, en lugar de disputarle al país una idea básica: sin empresas viables no hay empleo digno que sostener.
La hipocresía del susurro
Lo peor es el doble discurso: en privado, muchos empresarios hablan del aumento del mínimo como si fuera el meteorito; en público, se limitan a frases diplomáticas: “preocupación”, “llamado a la prudencia”, “necesidad de concertación”.
¿De verdad? ¿Y entonces?
Mientras tanto, el tejido productivo —sobre todo pequeñas y medianas empresas— es el que se traga el golpe con menos margen: paga aumentos, asume parafiscales, soporta costos y compite con informalidad. Pero el empresariado organizado no logra construir un mensaje simple, repetible y honesto: “queremos mejores salarios, sí; pero con productividad, formalización y reglas que no maten el empleo”.
Una idea impopular pero necesaria: al empresariado colombiano no hay que pedirle que sea oposición política; hay que pedirle que sea adulto institucional.
Hablarle al país, no solo al Gobierno: explicar, con ejemplos cotidianos, cómo un aumento desbordado se traduce en menos contratación formal y más tercerización informal.
Poner alternativas sobre la mesa: si la prioridad es el poder adquisitivo, ¿por qué no discutir mecanismos complementarios (reducción de costos no salariales, alivios a la formalización, apoyos focalizados) que no carguen todo sobre la nómina?
Defender el tripartismo en serio: no como ritual, sino como método. Si el proceso se vacía, denunciarlo con claridad y consistencia.
Dejar de esperar “al valiente”: la acción colectiva se construye, no se delega.
Porque si el empresariado no hace eso, seguirá siendo lo mismo: convidado de piedra del desastre que dice ver venir.
Y aquí el llamado es directo: empresariado colombiano, sacúdase. No para “tumbar” gobiernos. Para evitar que el debate público se vuelva un concurso de consignas donde la economía real siempre pierde. Para que el empleo formal no sea el sacrificio silencioso de cada diciembre. Para que la valentía no consista en quejarse en un almuerzo cerrado, sino en sostener, de cara al país, una conversación que Colombia necesita con urgencia.
Porque cuando el empresariado renuncia a hablar, no gana la prudencia: gana el decreto. Y cuando gana el decreto, casi siempre pierde el trabajo.
