En Antioquia, la línea que separa el control fiscal del juego de poder luce cada día más delgada. La Asamblea Departamental archivó el intento de la Contraloría por blindar 66 cargos como puestos de carrera. Ahora, en medio de un ambiente judicial calentado contra el gobernador, cualquier anuncio del ente de control —y más si se amplifica con pauta en medios— sabrá a cobro de cuentas.
Los hechos duros: el proyecto y su hundimiento
El 17 de junio de 2025, la Contraloría de Antioquia radicó el Proyecto de Ordenanza 26 para suprimir 66 cargos de libre nombramiento y crear 66 plazas de carrera (“profesional especializado”), alegando ahorro anual y estabilidad administrativa. La Asamblea olió otra cosa: un atornillamiento burocrático en vísperas del cambio de contralor. El 16 de julio de 2025, la Comisión Segunda hundió la iniciativa con ponencia negativa y 7 votos por el archivo. Desde entonces, el asunto quedó cerrado.
¿La contralora de Antioquia quiere amarrar puestos antes de dejar el cargo?
El contexto político que huele a pólvora
El malestar no nació de la nada. Desde junio, la discusión sobre “amarrar puestos” ya estaba en la agenda pública, con nombres propios y padrinazgos políticos orbitando a la Contraloría. Que la Asamblea —con protagonistas como la presidenta Verónica Arango— cerrara filas para archivar el proyecto terminó de romper la confianza entre las bancadas y el ente de control.
El tablero judicial alrededor del Gobernador
En paralelo, la Fiscalía —ojo: no la Contraloría— ha movido fichas en un proceso por los CAI de Rionegro, con interceptaciones al teléfono del gobernador Andrés Julián Rendón conocidas públicamente entre agosto y septiembre. Cualquiera que observe la secuencia (hundimiento del proyecto y ruido judicial contra el mandatario) podría ver una coreografía política, aunque los expedientes formales estén en otra orilla institucional.
¿Retaliación por negarse a “crear decenas de cargos”? El problema de la apariencia
Aquí está el corazón del problema: la apariencia de retaliación. Si, tras el hundimiento del proyecto, el control fiscal se concentra de repente en los partidos y figuras que votaron en contra —y la narrativa se empuja desde un medio con contratos de pauta— el mensaje político es inequívoco, aunque jurídicamente discutible: “¿no querían carrera? entonces tomen investigación”. En Colombia, las entidades públicas contratan pauta en medios; de hecho, existen antecedentes de la Contraloría (Antioquia) contratando diseño y ejecución de plan de medios en vigencias recientes, lo que vuelve imperativo gestionar los conflictos de interés y la transparencia de la pauta, en especial al tratarse del mismo medio que durante meses, se encargaba de lavar la cara del cuestionado expersonero de Medellín, y que continuó haciéndolo incluso en medio de los escándalos que siguieron a su intento por ser reelegido, dicho medio será en encargado de anunciar la investigación con tintes extorsivos de su contratante de pauta, en contra al parecer, del Gobernador de Antioquia.
El fondo: carrera vs. carrusel
La carrera administrativa es un pilar del Estado —meritocracia, estabilidad, memoria institucional—, pero no puede convertirse en carrusel de última hora para asegurarse 66 sillas antes del cambio de mando. La Asamblea actuó como contrapeso y archivó el intento. Lo que venga después, si se percibe como vendetta con altavoz publicitario, erosiona lo que dice defender: la legitimidad del control fiscal, más aún, cuando fuentes internas, anticiparon la apertura de la presunta investigación de la cabeza más visible del partido que lideró el archivo de la iniciativa, basado en presuntas irregularidades en las ciclorutas del municipio de Rionegro, relato con el que al parecer se había tratado de “intimidar” en caso de no ser aprobado el proyecto según algunas fuente.
