En la mañana de hoy, 3 de septiembre, Caracol radio revivió lo que podría ser un capítulo olvidado, la presencia de Miguel Andrés Quintero Calle, el cuestionado hermano mayor del imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y su posible vínculo con algunas de las más relevantes investigaciones.
Antecedentes
En los últimos años, el nombre de Miguel Andrés Quintero Calle —exconcejal de Medellín (2012–2015) y hermano de Daniel Quintero Calle— ha aparecido una y otra vez en notas, columnas y pesquisas periodísticas por presuntos manejos irregulares alrededor del poder local. Este artículo reúne y contrasta las principales piezas públicas de esa narrativa: el uso de personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) vinculado a la empresa Intrasoft, la “mordida” que un testigo relató ante la Fiscalía en la fallida venta del lote de Carabineros, y otras alertas sobre patrimonio y redes de influencia. Todo se presenta con enfoque investigativo y tono crítico, subrayando que se trata de señalamientos no sentenciados y que rige la presunción de inocencia.
UTL y la empresa familiar: las dudas que no se apagan
Diversas publicaciones han cuestionado que, siendo concejal, Miguel Quintero habría utilizado recursos del Concejo destinados a su UTL para pagar a empleados de Intrasoft, firma fundada por su hermano Daniel y dirigida también por el propio Miguel en distintos momentos. Esta afirmación aparece, por ejemplo, en Las2Orillas, que relata que el entonces cabildante “fue cuestionado (…) por utilizar recursos del concejo destinados a su UTL para pagarle a los empleados de Intrasoft”. La nota también recuerda el vínculo de Miguel con la empresa. No hay sentencia judicial sobre este señalamiento, pero la mención persiste en la prensa. Así mismo, Leidy Saldarriaga Castrillón, esposa de Miguel Andrés Quintero Calle, tuvo dos contratos como “unidad de apoyo a un concejal” por $12.203.262, al mismo tiempo que su esposo era Concejal de Medellín.
Por su parte, La FM reseñó la trayectoria empresarial alrededor de Intrasoft y el papel de Miguel como directivo, contexto relevante para entender los potenciales conflictos de interés cuando se solapan cargos públicos y negocios privados.
Adicionalmente, una investigación de El Colombiano —conservada como PDF por Función Pública— reseñó que varios asesores de la administración de Daniel Quintero habían trabajado antes en la UTL de Miguel, lo que ilustra vasos comunicantes entre su equipo político y el andamiaje institucional. Trabajar en la UTL no es ilegal, pero alimenta preguntas sobre tráfico de influencias y puertas giratorias.
El “lote de Carabineros”: el relato del testigo y la investigación abierta
El caso más sonado es el del lote de Carabineros. En mayo de 2022, El Colombiano publicó el testimonio de un empresario que dijo haber sido citado a un apartamento para discutir la venta del predio —entregado por la SAE a Medellín— y que en esa reunión habría participado Miguel Quintero. Según el testigo, la “ingeniería” del negocio implicaba que el interesado pagara al municipio un precio “en papeles” de unos $10.000–$12.000 millones, mientras que $33.000–$35.000 millones adicionales se entregarían por debajo de cuerda a particulares. La Fiscalía investiga y, según el propio diario, el negocio no se concretó.
La Secretaría de Gobierno de Medellín de entonces negó en radio cualquier negocio del hermano del alcalde con el lote; el mismo El Colombiano dejó constancia de esa negación oficial y de los puntos en disputa. La versión de uno de uno de los asistentes confirmó la reunión y la presencia de Miguel, aunque minimizó que se tratara de una negociación ilícita. La discusión sobre competencias, avalúos y vías jurídicas para disponer del predio quedó documentada, así como el estado de indagación de la Fiscalía.
Balance crítico: hay testimonios, fechas y detalles que sostienen un indicio de modus operandi, pero no hay condenas asociadas a Miguel Quintero por este caso. La cronología y los elementos narrativos ameritan seguimiento judicial y acceso a piezas procesales que, a la fecha, no son públicas en su totalidad.
Patrimonio y bienes: preguntas que persisten
Otro frente de escrutinio han sido los bienes de Miguel Quintero. Un informe de El Colombiano de abril de 2022 describió un patrimonio abultado —fincas, apartamento, vehículos— difícil de conciliar con los ingresos declarados en su trayectoria en el sector público, según el diario. Esa línea de cobertura alimentó nuevas preguntas sobre origen de recursos y enriquecimiento.
En junio de 2024, Noticias Caracol informó que la Fiscalía ocupó 44 bienes con fines de extinción de dominio ligados a exfuncionarios y contratistas de Indeportes y Metroparques, y que en esa historia aparecía el nombre de Miguel Quintero, en relación con vehículos y sociedades examinadas por el ente acusador. El reporte recoge además denuncias sobre cuotas burocráticas y fichas cercanas a Miguel en entidades del valle de Aburrá durante la pasada administración.
Redes de influencia: del Concejo a la burocracia metropolitana
Investigaciones periodísticas han trazado el diagrama de relaciones entre la UTL de Miguel Quintero, la administración de su hermano y entes del área metropolitana. Vorágine documentó, por ejemplo, la trayectoria de Esteban Restrepo —entonces secretario de Gobierno— quien había sido asistente de Miguel en el Concejo antes de escalar en la administración, un patrón que muestra continuidades político-administrativas. El Colombiano también ha descrito “atornillamientos” y nombramientos de última hora en el Área Metropolitana, con personas vinculadas a círculos cercanos a Miguel y a la administración Quintero. Aunque estos movimientos no son per se delitos, sí erosionan la confianza pública cuando coinciden con investigaciones y alertas de control.
Qué está claro y qué falta por esclarecer
- Está claro que existen señalamientos periodísticos con nombres, fechas y lugares sobre el lote de Carabineros, hoy en manos de la Fiscalía. También que hay cuestionamientos recurrentes por la UTL–Intrasoft y por patrimonio, articulados en medios nacionales y regionales.
- No está probado judicialmente (hasta ahora) que Miguel Quintero haya cometido delitos en estos frentes. No hay condenas en firme por los hechos aquí reseñados.
- Falta conocer decisiones de fondo de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría —si las hubiere— sobre estos hechos y posibles conflictos de interés, así mismo, falta conocer si existe o no algún cuestionamiento sobre el incremento patrimonial de Miguel Andrés Quintero.
El caso Miguel Andrés Quintero Calle condensa una matriz de riesgos conocidos en Colombia: límites difusos entre lo público y lo privado, redes de lealtad que trascienden administraciones y negociaciones opacas que, aun sin consumarse, dejan huellas documentales.
