En Colombia 2025 no ha sido el año de la “transformación” prometida, sino el de la confirmación de un viejo diagnóstico: la corrupción sigue siendo el idioma estructural del poder. El país volvió a caer en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, retrocediendo cinco puestos y borrando el modesto avance de 2023. La propia organización señala que los escándalos ligados al Ejecutivo —UNGRD, Ecopetrol, financiación de la campaña— opacaron cualquier estrategia anticorrupción lanzada desde la Casa de Nariño.
A diciembre de 2025, puede hablarse de al menos diez grandes episodios de presunta corrupción o uso indebido del poder que atraviesan al Gobierno nacional y su coalición. No todos están en la misma etapa judicial, y en ninguno hay condena en firme; pero todos exhiben un patrón: el proyecto que se decía moralmente distinto terminó atrapado en los mismos vicios que decía combatir.
1. UNGRD: los carrotanques que se volvieron símbolo de podredumbre
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en emblema del desangre de recursos. El caso de los carrotanques para La Guajira —sobreprecios, vehículos inadecuados y contratos cuestionados— derivó en un entramado de presunta corrupción en 2023–2024, cuyas consecuencias penales se sintieron de lleno en 2025.
La Fiscalía acusó formalmente a cinco exfuncionarios, entre ellos el exdirector Olmedo López, por desviar recursos a través de contratos amañados, según la imputación. López, convertido en testigo estrella, ha señalado que la red alcanzaba a altos niveles del Gobierno y al Congreso, poniendo en entredicho el relato de “manzanas podridas” aisladas.
Lo que revela: el Gobierno llevó al límite el discurso de “lucha contra la corrupción”, pero nombró cuadros que —según la propia Fiscalía— montaron una asociación para saquear una entidad creada para atender desastres. La ética del cuidado se cambió por la del contrato.
2. La presunta red para comprar congresistas con contratos públicos
El golpe más reciente llegó con la solicitud de detención domiciliaria para los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda). La Fiscalía les imputa haber liderado una “asociación criminal” para corromper congresistas a través de contratos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías), buscando asegurar votos para las reformas del Gobierno.
La acusación se apoya en testimonios de Olmedo López y en pruebas como chats y registros de contratación. Según la hipótesis fiscal, los contratos se direccionaban hacia empresas cercanas a congresistas aliados, quienes a cambio respaldaban la agenda legislativa.
Lo que revela: el “cambio” habría replicado la vieja fórmula del clientelismo: leyes a cambio de cupos y contratos. Si se demuestra en juicio, no será solo un caso de funcionarios avivatos, sino la constatación de que la gobernabilidad se intentó comprar con recursos públicos.
3. Ecopetrol: nepotismo, contratos dudosos y espionaje interno
Ecopetrol, la mayor empresa estatal del país, ha sido otro epicentro. Sobre su presidente, Ricardo Roa —antiguo gerente de la campaña de Petro— pesan acusaciones de “nepotismo empresarial”: exdirectivos han denunciado que familiares y círculos cercanos habrían sido favorecidos en la contratación y que la pareja del gerente de campaña habría tenido influencia indebida en decisiones corporativas.
En 2025, la Fiscalía abrió una nueva investigación por presunto direccionamiento de contratos, sumándose a los procesos por violación de topes electorales de la campaña presidencial. A esto se añadió un escándalo por interceptaciones: se reveló que se habría contratado espionaje contra unos 70 funcionarios de la empresa, detonando una crisis interna y cuestionamientos sobre la relación de la junta con la Casa de Nariño.
Lo que revela: cuando la frontera entre gerente de campaña y presidente de la petrolera se borra, la empresa deja de ser patrimonio de la Nación y se convierte en botín político. Roa aún no ha sido condenado, pero su continuidad se sostiene más por la lealtad al proyecto político que por la exigencia de estándares éticos.
4. La campaña presidencial bajo sanción: Papá Pitufo, topes y aportes prohibidos
El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro por exceder los topes de financiación en aproximadamente 5.300 millones de pesos y recibir aportes de personas jurídicas —como los sindicatos Fecode y la USO, y la empresa Ingenial Media— prohibidos por la ley. La decisión también implica a Ricardo Roa como gerente de campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Paralelamente, la Fiscalía abrió investigación por la presunta financiación ilícita de la campaña con recursos del contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, quien habría aportado cerca de 500 millones de pesos, según revelaciones periodísticas, aunque el presidente sostiene que esos dineros fueron devueltos.
Lo que revela: el Gobierno que prometió “acabar con la compra de votos” enfrenta hoy la primera sanción de gran calibre contra una campaña presidencial en la historia reciente. Aunque la defensa hable de “persecución”, la línea entre error administrativo y financiamiento indebido se ha desdibujado peligrosamente.
5. La carrera de contratos antes de la Ley de Garantías
En noviembre, el Ejecutivo fue señalado por suscribir, en menos de 24 horas, contratos por más de 1,5 billones de pesos justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías —norma que restringe la contratación en tiempos electorales— y por firmar en la semana previa interadministrativos que sumarían unos 9 billones.
La representante Katherine Miranda y otros opositores calificaron la maniobra como una “bofetada a la transparencia” y advirtieron que los recursos públicos no pueden convertirse en “maquinaria política”. Aunque el Gobierno sostiene que todo se ajustó a derecho, el mensaje político es devastador: se utilizó al máximo la ventana legal para blindar contratos antes del “semáforo rojo” electoral.
Lo que revela: la cultura del “todo vale mientras no me cojan” sigue viva. El problema no es solo si se violó o no la Ley de Garantías, sino la voluntad expresa de esquivar su espíritu.
6. Salud pública en el ojo del huracán: la red de contratos y el caso Sarabia
En febrero se destapó un nuevo escándalo en el sistema de salud: un informe periodístico reveló presuntas irregularidades en contratos que habrían alimentado una red de desfalco mientras hospitales públicos se hunden en déficit. Entre los señalados apareció la canciller Laura Sarabia, lo que provocó que figuras cercanas al Gobierno, como Gustavo Bolívar, pidieran su salida.
Se trata de un golpe especialmente incómodo para una administración que ha hecho de la reforma a la salud su bandera. Si la red de contratos se confirma judicialmente, no solo se habrá vaciado una bolsa pública: se habrá saboteado desde dentro el sistema que la propia coalición decía querer salvar.
Lo que revela: el discurso de “defender lo público” pierde toda credibilidad cuando los guardianes de la reforma terminan en el radar de la corrupción que decían combatir.
7. El nuevo “carrusel” de la contratación por más de 1,3 billones
Un informe de 54 páginas entregado a la Fiscalía pidió investigar un presunto “carrusel” de la contratación en al menos tres entidades del Estado, con un posible desfalco que superaría los 1,3 billones de pesos. La denuncia señala el uso sistemático de contratación directa en departamentos como Atlántico, San Andrés, Cundinamarca y Bogotá, a través de organizaciones que habrían servido de intermediarias.
Aunque las pesquisas aún están en fase preliminar, el patrón es conocido: mismos contratistas, mismas figuras jurídicas, diferentes entidades. No se trata del error aislado de un funcionario, sino de un modelo de negocio montado sobre la norma.
Lo que revela: la promesa de “romper con los carruseles” choca con la realidad de un Estado que sigue siendo, para muchos, la caja menor de redes político-empresariales.
8. Invías y los 28 congresistas: la corrupción que atraviesa al Estado
La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que 28 congresistas sean investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción ligado a contratos del Invías.
Aunque el foco está en el Legislativo, el caso toca de lleno al Gobierno nacional: se trata de la adjudicación de obras de infraestructura con recursos y entidades del Ejecutivo, supuestamente usadas como moneda de cambio político. Lo que aquí se ventila no es solo la responsabilidad penal de unos congresistas, sino la coautoría institucional en la captura de la contratación.
Lo que revela: sin complicidad de ministerios, agencias y directores, ningún congresista podría hacer fiesta con la infraestructura. La corrupción no es una “mancha” del Congreso, sino un ecosistema que compromete al Ejecutivo.
9. Los Gripen y Verónica Alcocer: opacidad en la gran compra militar
La compra de 19 aviones de combate Gripen a la sueca Saab, por unos 3.135 millones de euros, se vio empañada por los señalamientos sobre la primera dama, Verónica Alcocer. Un reportaje en Suecia puso el foco sobre su lujoso estilo de vida en Estocolmo y abrió la sospecha de un posible conflicto de intereses entre esa vida y la negociación del contrato.
Alcocer —ahora expareja del presidente— negó cualquier relación con la operación y calificó las acusaciones de “persecución y calumnia”. Sin embargo, en Suecia se presentó una denuncia por presunto soborno y, en Colombia, la oposición reclama explicaciones detalladas sobre la intermediación, los offsets y las condiciones financieras de la compra.
Lo que revela: incluso si las investigaciones terminan archivadas, el Gobierno no ha entendido que la ética pública exige algo más que cumplir la ley: exige evitar, de entrada, cualquier sombra de conflicto de interés en la mayor compra militar de la década.
10. La macro-crisis de confianza: un Gobierno ahogado en sus propios casos
Todos estos episodios se encadenan sobre un telón de fondo preocupante: Colombia empeoró en el Índice de Percepción de Corrupción, perdiendo un punto y cinco puestos en el ranking global; Transparencia Internacional atribuye la caída, entre otras cosas, a la poca efectividad del Gobierno Petro para convertir la lucha anticorrupción en prioridad real, frente a escándalos como la UNGRD, Ecopetrol y la financiación de la campaña.
A ello se suma un deterioro en seguridad y denuncias de infiltración de estructuras criminales en instituciones como el Ejército y el DNI, lo que agrava la percepción de un Estado permeado por intereses ilegales.
Lo que revela: más que casos aislados, 2025 deja la sensación de un Gobierno cercado por su propia contradicción: prometió limpiar la casa, pero no ha podido —o no ha querido— desarmar las lógicas clientelistas y mafiosas que atraviesan al Estado. Y cuando la narrativa oficial se limita a culpar a “infiltrados” y “saboteadores”, renuncia a asumir la responsabilidad política de haberlos puesto ahí.
¿Y ahora qué?
La pregunta no es solo cuántos funcionarios terminarán condenados, sino qué tipo de cultura política quedará después de este ciclo. Si la respuesta institucional se limita a sacrificar unas cuantas fichas y a cambiar nombres en los ministerios, el mensaje para la ciudadanía será brutal: todo cambió para que nada cambiara.
Un Gobierno que se presentó como ruptura histórica tiene, paradójicamente, la única oportunidad real de romper el círculo: abrir los contratos, transparentar las relaciones con el Congreso, blindar la financiación de campañas y aceptar controles externos robustos, incluso incómodos. Hasta ahora, los hechos no acompañan el discurso.
En un país donde la corrupción se volvió paisaje, 2025 mostró que el mayor escándalo no es solo lo que ya se ha revelado, sino lo que el poder aún se resiste a cambiar.
