La reciente decisión del Gobierno colombiano de suspender temporalmente la venta de energía a Ecuador marca un punto preocupante en la relación bilateral entre dos países históricamente interdependientes. Más allá del titular y de la coyuntura, la medida deja al descubierto una respuesta reactiva, tardía y claramente revanchista, que contrasta con el tono moderado y casi pasivo que inicialmente adoptó el Ejecutivo colombiano frente al anuncio ecuatoriano de imponer aranceles del 30 % a productos colombianos.
Conviene recordar el contexto. El presidente de Ecuador justificó la imposición de estos aranceles bajo razones de seguridad nacional, en un país que atraviesa una de las crisis más profundas de orden público, narcotráfico y control territorial de su historia reciente. La medida, aunque discutible desde el punto de vista comercial y andino, fue presentada como parte de una estrategia de contención de riesgos internos. Frente a ello, el Gobierno colombiano optó primero por un pronunciamiento diplomático de rechazo, sin anuncios de contramedidas, apostando —al menos en el discurso— por el diálogo y los canales multilaterales.
Sin embargo, al día siguiente, el giro fue abrupto: suspender la venta de energía. No una medida comercial equivalente, no un reclamo técnico ante la Comunidad Andina, no una negociación estructurada, sino el uso de un bien estratégico como instrumento de presión política. Esta decisión no solo es incoherente con la postura inicial del Gobierno, sino que abre un precedente delicado: convertir la interconexión energética regional en un arma de retaliación coyuntural.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿se trata de una defensa racional de los intereses nacionales o de una reacción impulsiva para “no quedarse atrás” en el pulso político? Porque, a diferencia de los aranceles —que afectan sectores específicos y pueden discutirse en escenarios técnicos—, la energía impacta directamente la estabilidad económica y social de un país vecino, y rompe la lógica de cooperación que ha sostenido durante años la integración eléctrica regional.
Más aún, Colombia no solo vende energía a Ecuador; también se beneficia de esa interdependencia, de la confianza construida y de la imagen de proveedor confiable. Al suspender unilateralmente el suministro, el país envía un mensaje ambiguo a la región: que los compromisos pueden subordinarse a tensiones políticas de corto plazo. En términos estratégicos, el costo reputacional puede ser mayor que el beneficio político inmediato.
La diplomacia no se mide por la contundencia de la represalia, sino por la consistencia de las decisiones. Si el Gobierno consideraba que los aranceles ecuatorianos eran injustificados, desproporcionados o contrarios a los acuerdos vigentes, el camino lógico era el derecho internacional económico, no el castigo energético. Cambiar de postura sobre la marcha debilita la credibilidad del Estado y refuerza la percepción de improvisación en la política exterior.
Colombia y Ecuador comparten fronteras, problemas estructurales y desafíos de seguridad que no se resuelven con gestos de fuerza simbólica. Usar la energía como mecanismo de presión no solo es un error estratégico, sino una señal de que, en lugar de liderazgo regional, se está optando por el revanchismo como política exterior.
En tiempos de crisis regional, lo que se necesita es más diplomacia, más técnica y menos impulsividad. Porque cuando los Estados empiezan a responder con retaliaciones emocionales, los primeros perjudicados no son los gobiernos, sino los ciudadanos y las economías que dependen de la estabilidad y la cooperación.
