Un ratón cuidando el queso: ¿quién protege a los cafeteros de Andes?

En el Suroeste antioqueño la noticia parecía, al fin, buena: después de seis años de intervención, la Cooperativa de Caficultores de Andes se reactivaría con un plan de viabilización impulsado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y coordinado con la Superintendencia de Economía Solidaria. La asamblea tuvo quórum casi total y el acuerdo fue aprobado por unanimidad: un voto de confianza para que cerca de 4.000 familias vuelvan a tener a su cooperativa al servicio del grano que las sostiene.

Pero el alivio duró poco. La misma Supersolidaria decidió remover al contralor saliente y designar a Óscar de Jesús Hurtado Pérez como nuevo contralor del proceso. No es un nombre cualquiera: fue secretario de Hacienda de Medellín, integrante del círculo de confianza de Daniel Quintero y, de hecho, quedó encargado de la Alcaldía tras la renuncia del entonces mandatario. La resolución fue firmada el 7 de noviembre y se conoció el 10 de diciembre, justo cuando el sector celebraba la salida del túnel. ¿Casualidad o jugada?

La puerta giratoria de la política local

El Gobierno puede explicar que el contralor “no toma decisiones operativas ni administrativas” y que su función es de control y revisoría fiscal, asegurar la transparencia del liquidador y la correcta prelación de pagos. Todo eso es cierto… en el papel. Pero también es cierto que los nombres importan y los contextos pesan. En un ecosistema cooperativo golpeado, poner a una “ficha” del exalcalde más polarizante de Antioquia en los últimos años no es una medida neutra: es un mensaje. Y el mensaje es que la política —la de Medellín y su órbita— se sienta en primera fila del proceso cafetero.

¿Que Hurtado tiene experiencia en otras intervenciones como revisor fiscal? Lo afirma la superintendenta. ¿Que su perfil es más político que técnico y arrastra cuestionamientos? También está en el registro público. La suma de ambos datos dibuja una figura con poder de veto simbólico y capacidad de incidir en ritmos, prioridades y umbrales de escrutinio. En una entidad que intenta recomponer confianza, esa mezcla es combustible, pues hablamos nada más y nada menos del hombre en cuyas manos y durante 4 años, Medellín vio esfumarse su patrimonio público.

El café no puede ser rehén de capitales políticos

Durante años, la Cooperativa de Andes fue columna vertebral del territorio: financió insumos, compró cosecha, sostuvo precios y, sobre todo, dio reglas claras en una economía campesina siempre al filo. La intervención de 2019 dejó cicatrices y una narrativa de promesas rotas. Por eso la reactivación consensuada —con FNC, Supersolidaria y líderes del sector— era más que un trámite; era la oportunidad de blindar el proceso de tentaciones partidistas y volver a poner a los asociados en el centro. La irrupción de un operador político de alto voltaje, con nexo explícito a Daniel Quintero, es exactamente la señal contraria.

Que no se nos olvide: las cooperativas pertenecen a sus asociados, no a los gobiernos de turno ni a caudillismos locales. Si los caficultores del Suroeste leen este nombramiento como “giro político”, no es paranoia; es memoria. La región ha visto cómo decisiones administrativas terminan convertidas en plataformas electorales. El “control” entonces deja de ser garantía y pasa a ser palanca.

Tres riesgos concretos (y evitables)

  1. Riesgo de captura de agenda. Un contralor con anclaje político puede reorientar el foco de control: más energía a peleas laterales, menos a la gestión del liquidador y a la ejecución del plan de viabilización. En un proceso que apenas renace, cada semana cuenta.
  2. Riesgo de erosión de confianza. La unanimidad de la asamblea fue un activo intangible inmenso. Si los asociados perciben que el tablero se inclinó hacia Medellín y no hacia los veredales, volverán la abstención y el rumor. La confianza, ya sabemos, tiene tasa de interés negativa cuando se la dilapida.
  3. Riesgo de normalización de la puerta giratoria. Si hoy es la cooperativa, mañana puede ser cualquier institución del ecosistema cafetero. Convertir cargos de control en cuotas territoriales sienta un precedente que después cuesta generaciones revertir.

Lo que debería ocurrir ya

  • Transparencia radical. Publicación proactiva del plan de trabajo del contralor, sus criterios de auditoría, cronograma de informes y metodología de hallazgos. Nada de “informes a puerta cerrada”. Que el estándar sea abrir, explicar y publicar.
  • Gobernanza multiactor. Un comité de seguimiento con presencia efectiva de asociados (pequeños y medianos), FNC, academia regional y veedurías ciudadanas. La política cabe… como observada, no como operadora.
  • Murallas de integridad. Declaración de posibles conflictos de interés del contralor y su equipo; reglas de relacionamiento con actores políticos; registro de reuniones. Que todo contacto quede en actas y sea auditable.

Un último sorbo

Los cafeteros del Suroeste no están escandalizados por deporte. Han cargado con la volatilidad del precio internacional, con el costo de los insumos, con la geografía y con la inercia burocrática. Lo único que no tienen por qué cargar es con la ansiedad de saber si su cooperativa será tablero de un ajedrez ajeno. El nombramiento de Óscar Hurtado —mano derecha de Daniel Quintero, exsecretario de Hacienda y alcalde encargado— fue leído como un baldado de agua fría porque llega en el peor momento para mezclar política y rescate institucional. Si el Gobierno insiste en que “solo” será contralor, que lo demuestre con hechos verificables y bajo reflectores, no con cartas selladas, pues está fresco el recuerdo de Medellín en donde “solo” fue un secretario de hacienda y hasta un alcalde encargado, en su peor momento.

El café necesita reglas, no padrinos. Y la Cooperativa de Andes, más que nunca, necesita que su futuro lo escriban sus asociados —esos que levantan la cosecha— y no las pulsiones de un proyecto político que ya tuvo demasiado protagonismo en otras arenas.

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