A casi cinco años de su llegada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio Cardona no figura como vinculado formalmente a procesos penales. Pero el cúmulo de investigaciones alrededor de la entidad, los cuestionamientos a su nombramiento en 2020 y el más reciente escándalo de los contratos con Bomberos Itagüí reabren una pregunta política incómoda: ¿de quién era —y es— la responsabilidad política?
Su llegada al AMVA en enero de 2020 fue cuestionada por su corta trayectoria ejecutiva para un cargo de ese calibre. No fue el único nombramiento controvertido de la época, pero sí uno de los más simbólicos: el AMVA maneja agenda ambiental, movilidad, coordinación intermunicipal y contratos de alto impacto.
El “agradecido”
El 7 de enero de 2020, la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá eligió por unanimidad a Juan David Palacio Cardona como director. Minutos después de la votación, ya con la palabra en mano, el director designado agradeció “a Dios… y al Alcalde de Medellín por presentarlo a la Junta y a los alcaldes del Valle de Aburrá por elegirlo”. No es una interpretación: así quedó consignado en el Acta de Junta No. 01 de 2020, página 4.
Ese agradecimiento no es un simple gesto protocolario. Es una pista sobre cómo se cocinan los liderazgos en las entidades del área metropolitana: el respaldo del alcalde de Medellín —por su peso político y administrativo— es, en la práctica, un aval definitorio.
A esta narrativa se suma un elemento audiovisual que hoy circula en redes: el video compartido por el periodista Sebastián Estrada (Caracol Radio) donde se recoge la intervención del entonces alcalde Daniel Quintero el 2 de enero de 2020 en el Concejo de Medellín —día en que instaló el primer periodo de sesiones—, cuando ya dejaba ver quién era su carta para la Dirección del Área Metropolitana. La propia Alcaldía reportó oficialmente esa instalación de sesiones en esa fecha, lo que sitúa temporalmente el contexto del video.
Pero ante los recientes escándalos en los cuales se ha visto envuelta el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, por los contratos suscritos entre esta y Bomberos Itagüí —que derivaron en capturas en los primeros días de octubre de 2025— y que han sido el episodio más grave de esta saga, la reacción del equipo político de Daniel Quintero fue marcar distancia: se dijo por parte del alfil Esteban Restrepo, que Palacio “no era ficha” del exalcalde. El problema de ese relato es que colisiona con la evidencia documental. El acta de 2020 muestra que fue el propio Quintero, como presidente de la Junta Metropolitana, quien presentó su hoja de vida y condujo la elección. Lo desmiente la bitácora institucional, no la opinión. Negar ahora ese patrocinio político es reescribir la historia.
El “ungido”
Otro elemento que generó suspicacias fue la cercanía previa de Palacio con Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde. Más allá de etiquetas, ese “trabajo hombro a hombro” que se le atribuye se tradujo —al menos— en afinidad política y acceso, un activo que suele pesar más que cualquier renglón del currículo en la repartición de altas responsabilidades. No se trata de criminalizar relaciones profesionales; se trata de reconocer que esas cercanías existen y tuvieron efectos.
La cercanía no solo data de épocas de campaña, Palacio fue llevado al Concejo de Medellín para trabajar, por el propio Miguel Quintero, y fue este quien incluso suscribió el contrato con el que se vinculó por prestación de servicios a la esposa de Miguel Quintero para prestar servicios a la misma corporación en la unidad de apoyo del entonces Concejal.
Queda entonces demostrado, que la corta carrera de Juan David Palacio, ha estado vinculada por más de una década a los hermanos QUINTERO CALLE, a los que pareciera deber su ascenso en política y cargos en el sector público, y quienes ahora, ante los escándalos judiciales, solo buscan desmarcarse de su “ahijado”
